No se ha elaborado siquiera un plan para atender recomendaciones de la ONU

Inexistente, el compromiso del Estado con los derechos humanos de los indios: AMDH

Sólo cuatro entidades han modificado su Constitución para legislar sobre etnias

ANGELES CRUZ MARTINEZ

El compromiso del Estado mexicano con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es inexistente y las autoridades ni siquiera cuentan con una estrategia para atender las recomendaciones que planteó hace dos años Rodolfo Stavenhagen, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades de los Pueblos Indígenas, afirmó la Academia Mexicana de los Derechos Humanos (AMDH).

La organización dio a conocer ayer el informe ejecutivo Avances, obstáculos y tareas pendientes del gobierno mexicano hacia el respeto, reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, en el cual asegura que prevalece la falta de comunicación y coordinación entre las dependencias gubernamentales, así como entre los poderes de la Unión.

Esa situación se refleja en la falta de leyes reglamentarias o complementarias de los artículos constitucionales relativos a los pueblos indígenas y en el hecho de que diversas iniciativas de reforma legal están congeladas en el Congreso de la Unión. Esta es la evidencia de la falta de voluntad política de los legisladores para reabrir el debate sobre este tema, indica el reporte.

Además, a pesar de que los artículos 73 y 124 de la Constitución plantean la posibilidad de que los estados puedan legislar sobre asuntos indígenas, sólo 19 tienen alguna normatividad en esta materia, pero sólo cuatro han modificado sus constituciones locales.

El informe cuenta con el apoyo económico de la UE

El informe elaborado con el apoyo económico de la Unión Europea aborda seis aspectos relacionados con las 42 recomendaciones del relator de Naciones Unidas, algunas de las cuales tienen que ver con los conflictos agrarios, las comisiones estatales de Derechos Humanos, la educación intercultural y bilingüe, entre otros.

Respecto al marco legal relacionado con la infancia, el reporte señala que las autoridades de los distintos niveles desconocen el contenido y la forma de aplicar los tratados internacionales, además de que las leyes internas tampoco se aplican por carecer de mecanismos para hacerlas exigibles.

A esto se suma "la falta de políticas públicas que sólo permite ver una tenue línea que se pierde entre la indiferencia y la ignorancia de la autoridad que no lleva a ningún sitio".

Sobre los conflictos agrarios refiere que el relator de Naciones Unidas recomendó la creación de grupos de trabajo interdisciplinarios en los que estuvieran representados los pueblos, la sociedad civil y el gobierno, a fin de que cada caso se resolviese mediante la conciliación, medidas compensatorias y con respeto a las formas de resolución de los problemas de los pueblos.

Sin embargo, la investigación de la AMDH detectó que la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria se ha limitado a "simular acuerdos entre las comunidades" con los que se concreta la venta de las tierras. El informe afirma que "se simulan asambleas" como fue el caso de San Sebastián Nopalera y San Pedro Yosotatu, Oaxaca.

Además, esos convenios económicos omiten los aspectos sociales, las muertes ocasionadas por los enfrentamientos entre los indígenas, que alteran la vida cotidiana, la economía familiar o comunal, entre otros.

Otro aspecto reseñado en la investigación tiene que ver con las comisiones estatales de derechos humanos. La AMDH elaboró un cuestionario -que sólo contestaron 18 ombudsman-, del que se deduce que 82 por ciento no cuentan con traductores o intérpretes y apenas 18 por ciento tiene un gestor, indispensable para comunicarse con los indígenas y acompañarlos en el trámite de su queja.

De la visita realizada por Stavenhagen en 2003 se desprendió la recomendación a las autoridades para que se fortaleciera el sistema de educación bilingüe intercultural. En respuesta, el gobierno creó una coordinación general que ahora padece severos problemas financieros.

Desde 2002 se ha reducido en más de la mitad su presupuesto. En ese año ejerció 83 millones 592 mil pesos, mientras en 2005 dispuso de 36 millones de pesos, lo que obstaculizó el cumplimiento de diversas metas encaminadas a interculturalizar la educación media superior y superior, producir material de audio y video, y la edición de algunos libros.

Al presentar los resultados de la investigación, Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH, señaló que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tuvo un papel relevante, pues por su conducto se obtuvieron datos muy importantes, por lo que es una herramienta fundamental para el trabajo que realizan las organizaciones civiles, indicó.