Parece que es un problema superado que no le preocupa a Fox, dice el ombudsman
La investigación sobre la masacre de Acteal se quedó a medias: Soberanes
A ocho años de la masacre de Acteal, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, señaló que la investigación "que realiza o que lleva a cabo el gobierno federal se quedó a medias; parece que ese es un problema ya superado que no le preocupa al presidente Vicente Fox".
En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lamentó que a un año de concluir la gestión "de un gobierno de alternancia", se cumplan también ocho años de "impunidad" por el asesinato de los 49 indígenas que, precisa en un comunicado, se interpreta como un "signo de la transición fallida" y de la "decadente descomposición de un régimen de 70 años, además de la insuficiencia de las instituciones para enfrentar el reto de superar el pasado".
Ante este panorama de un sistema político "carcomido", el Centro Fray Bartolomé, que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, hizo un llamado urgente a constituir un nuevo pacto social, en el que la justicia, la libertad y la igualdad sean los principios básicos de una real democracia.
Por su parte, el ombudsman nacional, entrevistado al final del acto en el que presentó el informe especial sobre la situación de los derechos humanos en los reclusorios, señaló que "hay muchos inocentes en la cárcel y hasta ahora no se ha sabido qué pasó. La comunidad evangélica ha hecho peticiones y solicitudes para que varios de sus miembros que se encuentran recluidos acusados de la masacre se les haga justicia y se les deje en libertad, pero no han tenido respuesta", indicó.
Soberanes Fernández dijo que se requiere un trabajo serio para llegar hasta las últimas consecuencias. Este, como otros, agregó, es un tema pendiente al que el gobierno federal no ha dado respuesta.
Ante la insistencia de los reporteros, para que opinara sobre el tema, el ombudsman reiteró que debe esclarecerse qué ocurrió, por qué masacraron a decenas de personas y no se ha sabido la verdad; la población necesita saber la verdad.
En el documento Acteal: signo de la transición fallida, el Centro Fray Bartolomé lamenta que a un año de terminar la gestión del primer gobierno de alternancia también se cumplan ocho de impunidad, en que las víctimas "siguen siendo los familiares y lesionados, pero también la verdad, la justicia y la sociedad".
Para el organismo, "Acteal es uno de los rostros del conflicto armado en Chiapas; es signo de la transición fallida, no es un crimen del pasado sino símbolo del cambio, el futuro adelantado. A través de Acteal no sólo podemos constatar la decadente descomposición de un régimen de 70 años sino, además, la insuficiencia de las instituciones para enfrentar el reto de superar el pasado".
De acuerdo con el recuento del centro, de los 87 civiles indígenas procesados, seis tienen sentencia firme, seis fueron absueltos, uno murió y el resto sigue en proceso. Aún hay 27 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de civiles indígenas. Sólo 15 funcionarios de bajo nivel, la mayoría policías, han sido procesados. Dos funcionarios con órdenes de aprehensión -Jorge Gamboa Solís (ex coordinador de la policía estatal) y José Luis Rodríguez Orozco (director de la policía de seguridad pública estatal)- se encuentran prófugos.
Los cargos por los que fueron procesados son homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El informe agrega que "de manera sistemática", tanto en la masacre de Acteal como en los procesos seguidos en contra de líderes paramilitares de Paz y Justicia, los jueces han desechado el delito de crimen organizado y asociación delictuosa, esto es: "desde la perspectiva del aparato de justicia, los responsables no son una banda de criminales, mucho menos paramilitares, ni siquiera se acreditó que se organizaron de manera previa para cometer la masacre: para el Estado mexicano, la masacre de 49 personas fue una coincidencia.
"El patrón de los jueces para exonerar y la falta de oficio de las procuradurías federal y estatal, así como sus fiscalías especiales para evidenciar lo que a todas luces y con muchas pruebas ha sido una política deliberada de Estado para cometer crímenes sistemáticos en contra de la población civil, es un evidente encubrimiento de las cúpulas civiles y militares, de los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado y que se podrán cometer en adelante.
"A un año de la sucesión presidencial, la alternancia no resultó garantía suficiente para la democracia; las instituciones de Estado han demostrado una crisis estructural y el sistema político está carcomido", afirma.