Cámara con la Cámara
El balance de esta legislatura nos deja perplejos. El grueso de sus decisiones y de las leyes que ha aprobado o que, por pudor, dejó para el último periodo legislativo, constituye un cúmulo de artimañas que deteriora de manera alarmante el interés de la mayoría de los mexicanos. Esta historia increíble comenzó con un haraquiri de la institución legislativa al rechazar, al inicio de 2001, la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, consensuada por la Cocopa, comisión constituida por los propios senadores y diputados de la legislatura saliente. Vinieron luego una serie de desaciertos y omisiones sobre la cuestión agraria y la política exterior principalmente, pero el acto que coronó la locura de San Lázaro y por lo que serán recordados estos legisladores en la historia de México será por haber votado en forma mayoritaria a favor del de-safuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, siendo que más de 80 por ciento de la opinión pública se oponía a esa desmesura; luego, el Presidente se echó para atrás y legisladores y magistrados quedaron como lazo de cochino.
Hacia septiembre del año en curso, la Cámara "no logró los acuerdos" para modificar el Código Electoral (Cofipe) y limitar los larguísimos tiempos de campañas, el despilfarro en sus costos y su fiscalización. Poco después mostraron su desprecio hacia la educación, la ciencia y la tecnología, rebajando el presupuesto para estas áreas de creciente demanda de 0.63 a 0.58 del PNB. En noviembre el diputado Toscano nos explicó la manera en que las tabacaleras sobornaron a los legisladores para hacer prevalecer sus multimillonarios intereses. Al inicio del mes que corre, en siete minutos, sin debate, votos en contra ni abstenciones, los diputados aprobaron las reformas a la Ley de Radio y Televisión dejando la responsabilidad de otorgar todas las concesiones y permisos a un endeble organismo: Cofetel, cuyos integrantes cuasi-vitalicios serían nombrados por el Presidente de la República y tendrían la facultad de hacer concesiones por 20 años. La nueva tecnología digital libera espacios para nuevos canales que quedarán abiertos a subasta, es decir, a los más concentrados intereses, los que ya controlan el espectro, que en muchos casos podrán, sin pagar nada al erario, solicitar nuevas concesiones del espacio liberado. Por lo demás, la ley deja abierta la posibilidad de hacer una investigación policiaca a los grupos que soliciten permisos para operar una radio o televisora comunitaria.
Los priístas, a continuación, recibieron la promesa de que las indagatorias sobre el enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel serían congeladas y a cambio permitieron que se sepultara la investigación sobre los cochinos negocios de los hijos de Marta Sahagún. Aprobaron la semana pasada la Ley de Presupuesto que, como dice Armando Labra, los hace perder sus propias facultades al establecer un presupuesto sin déficit obligatoriamente y dar a la Secretaría de Hacienda toda la discrecionalidad para el manejo de los dineros (y por poco aprueban la autonomía de todos los órganos financieros públicos, lo que hubiera convertido en rehén de los grandes capitales al próximo presidente.
Este lunes, en fin, Carlos Monsiváis y medio centenar de abajofirmantes de calidad, suplican a la Cámara no aprobar una sorpresiva Ley de Fomento y Difusión de la Cultura que no cuenta con el consenso de nadie. Este mes los diputados aprobaron, en lo general, la Ley Federal Agraria, una profundización de la ley Salinas de 92, que permitiría, de aprobarse integralmente, que las tierras ejidales y las áreas de uso común pudieran ser objeto de cualquier convenio o contrato de compraventa con particulares, con lo que bosques, manglares y otras riquezas naturales quedarían abiertas a la explotación salvaje y al saqueo, aprovechando que tanta gente ya abandonó sus tierras y que la Secretaría del Medio Ambiente ha dejado a los poderes municipales decidir sobre los permisos. Imposible aquí detenernos en las nuevas Afore, las leyes del Seguro Social y del ISSTE y en los favores hechos a la banca mediante el pago con tarjeta en gasolineras.
Algunos analistas sugieren que el problema radica en que, ante la falta de acuerdos entre los poderes y entre las propias bancadas, los avances son imposibles y en medio de ese maremágnum lo único salvable son los intereses personales. Para superar esto, nos dicen, es necesario reformar la arquitectura institucional a la manera, por ejemplo, de los regímenes semi-parlamentarios, haciendo posible que coaliciones políticas formen gobiernos con impulsos más claros en una misma dirección. Otros sugieren que es necesaria la relección de los legisladores, para que sus bases de votantes puedan castigarlos o premiarlos según su desempeño en torno al bienestar común. No cabe duda que son buenos consejos, pero uno que los complementaría y les daría eficacia consistiría en arraigar mejor a los diputados a su referente territorial, es decir, que no sean electos y se dediquen luego a lo que quieran, en particular a engordar su capital político personal con vistas al siguiente puesto, sino que ellos y sus suplentes se enraícen en las regiones que representan y en sus problemas, que trabajen al menos la mitad del año en esas regiones, al lado de las diputaciones y los gobiernos estatales y de las presidencias municipales. Su actividad entonces estaría ligada a aspectos muy territoriales y no sólo temáticos, que los mantienen en la estratosfera de la política. Entonces buscar solución para los problemas de las mayorías sería un imperativo y el asunto de la relección tendría una fuerza enorme.