Tortura
Concluyó el año con un tema espeluznante: la captura ilegal seguida de encarcelamiento secreto y de posible tortura de personas que las autoridades de Estados Unidos sospechan que podrían ser terroristas. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso estadunidense aprobó la Ley Patriótica , legislación que dio al Ejecutivo unos poderes muy amplios para llevar a cabo la guerra contra el terrorismo internacional. Dicha legislación vence el 31 del presente mes, pero su prórroga no está siendo tan automática como quisiera el presidente George W. Bush.
En el Capitolio hay dudas acerca de la manera en que la Casa Blanca está llevando a cabo esa supuesta guerra. Inclusive hay quienes consideran que el presidente se está arrogando poderes que no le concede la Constitución aun durante una guerra. El Senado ha decidido posponer la votación sobre la renovación de la Ley Patriótica y seguir discutiendo ciertas de sus disposiciones que atenten contra las libertades civiles y el derecho internacional.
Lo que está siendo cuestionado es la guerra en Irak y las razones que llevaron a la invasión. Tampoco se logra explicar cómo, a dos años y medio del anuncio del presidente Bush de que las hostilidades habían terminado, siguen luchando y muriendo tropas estadunidenses en ese país. Pero se está cuestionando de manera indirecta.
El detonador del presente debate en Estados Unidos fue la publicación de un artículo en el Washington Post sobre los supuestos secuestros de personas de las que se sospecha tienen vínculos con el terrorismo internacional organizado (léase Al Qaeda y sus sucursales). A diferencia de los detenidos en Guantánamo, no existe un juez o un tribunal para examinar las pruebas que pueda tener la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al decidir la aprehensión de un supuesto sospechoso. Y es la propia agencia la que decide capturarlo y trasladarlo a un lugar para interrogarlo. Este proceso es conocido como "rendición".
Se calcula que la CIA ha logrado la "rendición" de unas 3 mil personas en su afán por desmantelar organizaciones terroristas, empezando por Al Qaeda. El procedimiento parece ser el siguiente: los agentes, vestidos de negro y enmascarados, vendan los ojos a su víctima, le cortan la ropa que trae puesta y luego le administran un enema y drogas para dormir. Se les pone un pañal y un overol, ya que algunos viajes son largos. Son llevados a centros de detención administrados por gobiernos en Medio Oriente y Asia central, incluyendo Afganistán, o a una de las prisiones secretas que opera la propia CIA en ocho países, incluyendo a varios de Europa oriental.
Nunca sabremos cuántas de esas "rendiciones" fueron de personas inocentes. Una de ellas fue un ciudadano alemán (de origen libanés) de nombre Khaled Masri. El primero de enero de 2003 la policía de Macedonia lo detuvo al cruzar la frontera con Serbia. Pensaron que su pasaporte alemán era falso. Lo llevaron a Skopje, lo interrogaron y luego avisaron a la CIA. Los agentes no tenían pruebas en contra de Masri, pero lo confundieron con un supuesto conocido de uno de los que perpetraron los actos del 11 de septiembre de 2001. Lo trasladaron a una cárcel de la CIA en Afganistán. Cuando ésta reconoció su error lo llevaron a Albania y lo abandonaron en una carretera sin ninguna identificación. Era finales de mayo.
El tema de las prácticas de Estados Unidos en materia de prisioneros, empezando por las acusaciones de que no pocos han sido torturados, fue el motivo principal del reciente viaje relámpago de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a Berlín, Bucarest, Kiev y Bruselas. Ahí tuvo que ingeniárselas para contrarrestar el alud de críticas de sus socios europeos. Entre otras cosas, negó la existencia de prisiones secretas de la CIA, pero aceptó que sí se ha obligado a sospechosos a "rendirse". Agregó que quizás se han cometido excesos, incluyendo tortura, pero que la información que han proporcionado "ha ayudado a salvar vidas europeas". Además, afirmó que los gobiernos que ahora critican a Estados Unidos estaban al tanto de esas actividades.
Pero también hay críticos en el Capitolio en Washington. El senador John McCain, quien fue prisionero de guerra en Vietnam, presentó un proyecto de ley para prohibir la tortura de cualquier prisionero en manos estadunidenses en cualquier parte del mundo. Hubo quienes pensaron que dicha propuesta no era necesaria, ya que Estados Unidos se adhirió en 1994 a la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, el trato a los prisioneros de guerra está codificado en las convenciones de Ginebra de 1949. Pero, según el presidente Bush, la propuesta de McCain le ataría las manos a la CIA en su guerra contra el terrorismo y manifestó su vigorosa oposición a esa medida.
Sin embargo, el senador se salió con la suya. Hizo algo que los dirigentes europeos no pudieron hacer frente a la secretaria de Estado: logró que Bush reculara un poco y aceptara la propuesta de McCain, misma que el Senado aprobó hace ocho días.
La Casa Blanca no está pasando por su mejor momento y el sábado pasado se le complicó aún más su situación. Ese día el presidente Bush tuvo que confesar que su administración, sin la requerida autorización judicial, ha venido interviniendo los teléfonos de ciudadanos que se comunican al extranjero con personas con supuestos vínculos con organizaciones terroristas.
No deja de ser curioso que, mientras en Washington se debatían estas cuestiones, en Londres se discutía también, pero de otra manera, un asunto relativo a la lucha contra el terrorismo. ¿Cuántos días se puede detener sin cargos formales a un sospechoso de terrorismo? El primer ministro pidió 90 días, pero el parlamento sólo le autorizó 28.
Algo está ocurriendo con el estado de derecho en Washington, mientras en Londres se esmeran por conservarlo. En estos días el mensaje de la Casa Blanca parece ser: para defender las libertades es necesario acotarlas.
* Director del Instituto Matías Romero y ex subsecretario de Relaciones Exteriores