Los juicios en mi contra comienzan a desvanecerse, dice

En Provida no hay delito que perseguir, según Serrano Limón

ANGELES CRUZ MARTINZ

Jorge Serrano Limón, representante legal del Comité Nacional Provida, aseguró que los procesos judiciales iniciados en su contra por las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Salud (Ssa) empiezan a desvanecerse, luego de que el departamento de contabilidad de la PGR detectó que las auditorías a la agrupación en el ejercicio 2003 se realizaron sobre copias que no acreditan el delito de peculado. Serrano aseguró, además, que la revisión contable del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las finanzas de la agrupación, concluyó con un "dictamen limpio, sin observaciones, sin una sola factura falsa ni desvío".

Con base en lo anterior, el directivo de Provida afirmó que ya "no hay delito que perseguir", en relación al presunto uso indebido de 30 millones de pesos que en 2003 entregó la Ssa, a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP).

Por ello solicitó al presidente Vicente Fox que le entregue el finiquito del convenio del año 2003. Con este documento, indicó, se echarían atrás las calumnias de que ha sido objeto la agrupación conservadora.

A mediados de 2004, organizaciones civiles denunciaron que Provida había utilizado ese dinero para comprar artículos de lujo y el pago de servicios que nada tenían que ver con la creación de Centros de Apoyo para la Mujer (CAM), que Provida se había comprometido a realizar.

Ayer, en conferencia de prensa, Serrano Limón aseguró que la indagatoria del SAT involucró facturas, transferencias, cuentas de cheques, pagos a empresas y contratos por un monto de 47 millones de pesos. Esta cifra incluye la aportación de la Ssa y los ingresos privados de la agrupación.

En tanto, en el expediente que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que la revisión contable de la Auditoría Superior de la Federación y la SFP se efectuó sin los documentos originales. Estos organismos sólo tuvieron a su disposición copias de facturas de las que luego se dijo eran falsas, es decir, indicó Serrano Limón, la Ssa "tenía un batidillo" en el expediente sobre el cual se emitieron conclusiones incorrectas.

Ante la PGR, explicó, Provida presentó los documentos originales y luego esta instancia ordenó la realización de una pericial contable, la cual -contratada por la organización antiabortista-, dictaminó que los recursos económicos federales otorgados por la APBP, que ascendieron a 30 millones de pesos, "se utilizaron de conformidad y estricto apego al convenio de colaboración celebrado, así como al formato único de solicitud de recursos para organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro".

Ayer mismo, la SFP informó que efectuó su auditoría con apego a la legalidad y con base en los documentos que Provida entregó a la Beneficencia Pública, y ratificó que no podía analizar documentación que no hubiera sido presentada durante el procedimiento de auditoría o en el de responsabilidades administrativas.

También señaló que la valoración de las pruebas es competencia de las autoridades judiciales y no de la SFP.

Con relación al amparo interpuesto por Serrano en contra de la inhabilitación por 15 años para desempeñar algún cargo público y el pago de una sanción por 13 millones 238 mil pesos, la SFP mencionó que presentó un recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue admitido y está en estudio.