Editorial

Persiste la impunidad a 8 años de la matanza de Acteal

El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, un grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños. Este hecho, que estremeció a México y el mundo, sigue sin esclarecerse, a pesar de las promesas de los diversos gobiernos ­tanto estatales como federales­ que se han sucedido en Chiapas y en el país. Precisamente porque la impunidad persiste en el caso, cada año se levantan voces de distintos orígenes para exigir, de una vez por todas, que este crimen se aclare del todo, una tarea vital para evitar que la matanza de Acteal caiga en el olvido. Como señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, es muy importante que organismos de derechos humanos, medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto recuerden este hecho "no sólo en el aniversario sino todo el tiempo para que no queden impunes esos asesinatos".

Una acción como la matanza de Acteal, sin duda, marca a las naciones de muchas maneras. Para empezar, en el caso de México, se perpetúa la discriminación de que son objeto los pueblos indígenas. En este sentido, Amnistía Internacional puntualizó que el trabajo de las dependencias encargadas del caso "ha sido demasiado parcial", lo cual demuestra que "hay un trato discriminatorio a los indígenas".

Por otro lado, la impunidad que rodea al caso propicia, de alguna manera, que se repitan acciones similares. Al no existir justicia, los autores intelectuales de crímenes como ese podrían asumir que tienen carta blanca para seguir hostigando y asesinando indígenas que no se alínean con sus proyectos. Algo que, en realidad, sigue ocurriendo en Chiapas y en otros estados del país, situación que no debe permitirse, pues, además del sufrimiento de las víctimas, se condena al país a un atraso brutal, una barbarie que no tiene fin.

Además, al exigir justicia con persistencia se busca que las autoridades no se queden a medias en las investigaciones y, peor aún, descuiden sus funciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, es lamentable la actuación del gobierno de Vicente Fox, quien prometió en diversas ocasiones llegar al fondo del asunto. Por el contrario, como señaló el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, el actual gobierno ha realizado investigaciones superficiales que en nada han ayudado a esclarecer el asunto.

Quedan, pues, muchas tareas pendientes en este caso. Y es que las autoridades ni siquiera han podido llevar procesos claros, justos y ordenados. En estos años, esos procesos han sido cuestionados una y otra vez. Como señalan varios organismos, el problema es que las investigaciones han estado marcadas por anomalías graves, sobre todo por la falta de voluntad de las autoridades. Si no es así, ¿cómo explicar que, pese a existir pruebas de dichas irregularidades ­gente encarcelada sin tener que ver en el asunto­, para la Procuraduría General de la República no haya nada que perseguir?

Hace dos años, Itzel Silva, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, puso el dedo en la llaga: "La justicia no es sólo que los responsables materiales del crimen estén en la cárcel (algo que todavía habría que probar). La justicia consiste en saber la verdad completa y mientras no haya reparación del daño para las víctimas y un juicio a los autores intelectuales, no habrá justicia". Y seguimos en las mismas. Hasta que no se llegue al fondo del asunto, cada año se dará voz a aquellos que, desde 1997, siguen esperando justicia.