Esa reforma destruirá la sociedad civil, alerta activista
Aprueban en Rusia legislación que regula funcionamiento de las ONG
Moscú, 23 de diciembre. Los diputados de la Duma aprobaron hoy, en la última sesión de la Cámara baja del Parlamento local en este año, el polémico paquete de enmiendas a la legislación que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Rusia, muy criticado fuera y dentro del país en su draconiana versión inicial.
Bajo el pretexto de fortalecer la lucha contra el terrorismo internacional y el lavado de dinero, las iniciativas del primer borrador pretendían reducir a un nivel ínfimo el campo de acción legal para las ONG extranjeras, lo que -en opinión de sus representantes- ponía en entredicho el sentido de que continuaran aquí labores organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace, Human Rights Watch y Médicos sin fronteras.
Aunque en realidad la preocupación de que pudieran ocurrir en el país movimientos de protesta popular, como los que derrumbaron los regímenes corruptos de varias repúblicas de la antigua URSS y que las autoridades rusas consideran "financiados desde el exterior", inspiró recrudecer las leyes en la materia, al parecer los diputados se excedieron al interpretar la línea dictada por el Kremlin.
Se llegó al extremo, un tanto chusco para una Duma en que el partido oficialista tiene mayoría calificada de dos tercios de los votos, de que el propio mandatario ruso, Vladimir Putin, tuvo que enviar a la Cámara, una vez aprobado el paquete en primera instancia, un dictamen presidencial que fundamentaba la conveniencia de "adecuar (la legislación correspondiente) a los principios de la sociedad civil".
Putin, ante la fuerte presión de sus colegas extranjeros y como gesto conciliador, sugirió a la Duma reformular algunas de las medidas restrictivas y retirar las más controvertidas.
Los diputados, como no podía ser de otro modo, tomaron en cuenta todas las recomendaciones del jefe del Ejecutivo ruso y aprobaron un paquete de enmiendas "suavizadas", el cual -a pesar de ello- otorga al Estado mayor margen de acción para controlar la actividad de las ONG en el país.
Para ello se crea un Servicio Federal de Registro (SFR), que será la máxima dependencia reguladora de la actividad de las ONG rusas y extranjeras, las cuales deberán cumplir los requisitos -también "simplificados"- para obtener inscripción oficial ante dicha instancia.
Las ONG extranjeras que operan sin tener condición de persona jurídica en Rusia podrán continuar labores sin necesidad de cambiar de estatus, pero en un plazo de hasta seis meses, a partir de la entrada en vigor de la respectiva ley, deberán enviar al SFR una "notificación oficial" sobre sus actividades aquí para poder seguir funcionando en este país.
Las "distintas estructuras" de una ONG extranjera en Rusia "deberán informar al órgano especializado del Estado ruso el volumen de los recursos financieros recibidos, su tentativa distribución, los programas que se propone patrocinar y comprobar el gasto efectivo en cada caso".
A cambio, el SFR ya no podrá realizar cuantas inspecciones a una ONG se le pudieran antojar, como estaba planteado inicialmente, y tendrá que limitarse a una sola por año. Tampoco estará facultado para "revisar por su cuenta la gestión financiera" de esas organizaciones, si bien podrá solicitar la intervención de las dependencias policiales y fiscales, cuando lo estime necesario.
En comparación con el documento original, se redujo la relación de causas que podrá invocar el SFR para denegar el registro a una ONG, aunque algunas de ellas siguen dejando un amplio margen de interpretación, como el supuesto de "representar un riesgo para los intereses nacionales de Rusia".
Las ONG rusas consideran que con estas modificaciones, incluso en la versión "suavizada" que se aprobó hoy, su existencia continúa bajo seria amenaza.
"Esto va a significar la destrucción de la sociedad civil en Rusia", afirmó Tatiana Kasatkina, directora de Memorial, una de las más prestigiadas ONG locales en el rubro de los derechos humanos.
Antes de que entre en vigor, el paquete de enmiendas deberá pasar todavía el trámite de su ratificación por la Cámara alta y de su promulgación por el presidente.