Editorial
El fondo político de los permisos para casas de apuestas
La Secretaría de Gobernación (SG) ha decidido iniciar una nueva investigación sobre los polémicos permisos para abrir unos 200 centros de apuestas y casas de sorteos en el país aprobados por el ex titular de esa dependencia, Santiago Creel Miranda, lo que permitirá arrojar luz sobre un asunto en extremo sospechoso. Sin embargo, esa nueva auditoría no debe limitarse a esclarecer la legalidad de dichas concesiones a final de cuentas una cuestión de forma, sino que también debe ahondar en el trasfondo de este escándalo, es decir, las aristas políticas.
Hay que recordar que en mayo pasado, cinco días antes de dejar la SG para contender por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, Creel Miranda concedió los lucrativos permisos a una serie de empresas, muchas de las cuales están vinculadas con poderosos medios de comunicación a escala nacional. Para no ir más lejos, Apuestas Internacionales obtuvo 130 concesiones para operar 65 centros de apuestas remotas y 65 salas de sorteos de números. Esta situación, aunada al hecho de que los permisos fueron aprobados fast track, produjo dudas sobre los verdaderos motivos de Creel Miranda para otorgar tales concesiones: se trataría de un favor a esos medios de comunicación a cambio de ventajosas condiciones para transmitir su propaganda política, lo que le hubiera permitido al ex funcionario contar con un beneficio que no tendrían sus rivales.
Esta sospecha es lo suficientemente grave como para que las autoridades vayan más allá de una investigación sobre la forma en que se expidieron los permisos y sobre la posible violación de diversos artículos del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, normatividad que, dicho sea de paso, ha sido impugnada por algunos diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la podría declarar inconstitucional. Si bien Creel Miranda ha quedado fuera de la carrera presidencial al perder la candidatura panista, el trato que habría fraguado con los medios, en especial las televisoras, podría transferirse a su partido de cara a la votación de julio de 2006.
Tal eventualidad es una posibilidad real, ya que no sería la primera vez que el PAN se ve envuelto en irregularidades electorales pese a su discurso a favor de la limpieza y transparencia en los comicios y de combate a la corrupción. Es de sobra conocido que los Amigos de Fox, una organización establecida con el fin exclusivo de captar fondos y recursos para la campaña de Vicente Fox en el 2000, le ayudó a ganar la primera magistratura del país. Aunque la pesquisa del caso confirmó una serie de irregularidades, no hubo sanciones para el PAN, que con la complicidad del Partido Revolucionario Institucional bloqueó toda medida en ese sentido, gracias a su fuerza conjunta en el Congreso.
Y ahora existe el riesgo de que los comicios de 2006 sean afectados una vez más por una situación oscura, por decir lo menos, que las autoridades deben aclarar, junto con el aspecto jurídico, con prontitud y eficacia, para preservar la credibilidad en las elecciones y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y la legalidad.