Piden familiares de víctimas de Operación Cóndor elevar a juicio oral su querella
Anuncia ministra de Defensa argentina democratización de las fuerzas armadas
Nilda Garré da a conocer proyectos tendientes a reformar el Código de Justicia Militar
Buenos Aires, 27 de diciembre. La democratización de las Fuerzas Armadas, con la creación de la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, así como proyectos tendientes a reformar el Código de Justicia Militar y los planes de estudio, son los primeros anuncios de la nueva ministra de esa cartera, la abogada Nilda Garré.
Ex diputada, ex viceministra del Interior, esta abogada que fue defensora de detenidos políticos, dejó recientemente su cargo como embajadora argentina en Venezuela. Durante una reunión con los jefes militares anunció la creación de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario que estará a cargo de Alejandro Rúa, quien hasta este momento encabezaba la unidad encargada de investigar el atentado contra la mutual judía argentina, de 1994, en el Ministerio de Justicia.
Por estos días también Garré tuvo su bautismo de fuego en el caso del general de Brigada, Gonzalo Angel Palacios, cuyo ascenso objetó y quien debió entregar su cargo a su colega, el también general Daniel Camponovo en la jefatura del Cuerpo de Ejército V.
El motivo de la objeción del ascenso de Palacios es que en su pasado figura haber sido instructor en la Escuela de las Américas en el área de Contrainsurgencia, integrar los grupos de militares argentinos que participaron con Estados Unidos y especialmente con la CIA en Centroamérica en los años 79-80 en misiones clandestinas.
También se cita su paso, en 1977, en el Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal. "En esa unidad, que fue entrenada por los Rangers estadunidenses, funcionaba un campo clandestino de concentración en el que había entonces 300 detenidos-desaparecidos", señala el periodista Horacio Verbitsky.
Hay varios temas pendientes que Garré enfrentará este año, entre ellos la resistencia de muchos uniformados que deberán ir a declarar en las causas ahora habilitadas por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final este año, que permitió a los abogados reflotar los juicios y las llamadas mega causas, como la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) uno de los mayores centros clandestinos de detención de la pasada dictadura.
En tanto familiares de las víctimas de la Operación Cóndor (coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70) solicitan que se eleve a juicio oral la misma "ante los riesgos de impunidad que se corren en las actuales circunstancias nacionales e internacionales".
Así lo especifica el equipo de abogados, que representa a familiares y víctimas -en este caso la uruguaya Sara Méndez- para quienes el juicio oral es una acción concreta para transformar un juicio penal "en un instrumento de legítima lucha cultural, social y política, en el que todos podamos ser de alguna manera protagonistas".
Entre la cantidad de pruebas reunidas los abogados presentan también las afirmaciones de ex secretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger, quien tres meses antes del golpe militar en Chile (1973) decía que "la nueva doctrina (de su país) establece el derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier país del mundo, amigo o enemigo, para cambiar su gobierno".
Esto figura en el libro de las memorias de Kissinger, donde también reconoce la suma pagada por la embajada estadunidense en Santiago de Chile para que el Parlamento no eligiera a Salvador Allende como presidente. Son exactamente un millón 441 mil dólares.
Por supuesto, una de las pruebas bases es el cable enviado por el ex hombre de la FBI estadunidense, Robert Scherrer -autenticada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos- el 26 de septiembre de 1976 desde la embajada en Buenos Aires para informar a su director general sobre la coordinación entre las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, y la metodología utilizada en la llamada Operación Cóndor.
Allí se habla de las diversas etapas de la operación destinadas, al seguimiento, espionaje escuchas telefónicas y demás, para localizar a exiliados de cualquiera de estos países donde se encontraran.
Para los abogados, dirigidos por el doctor Alberto Pedroncini, tanto las afirmaciones de Kissinger como el documento sobre la Operación Cóndor, parecían tener "un anticipo de la actual realidad en la violación del derecho internacional, con invasiones destinadas a derrocar gobiernos y perpetrar asesinatos selectivos".