Muestra al edil de Guadalupe documentos que lo acreditan como propietario

Presunto heredero del cerro de La Silla, en contra del teleférico

Administraciones pasadas y varias empresas han fracasado en el intento de construir el funicular

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 27 de diciembre. La construcción de un teleférico en el Cerro de la Silla enfrenta no sólo la oposición de ambientalistas y vecinos de la colonia Bosques del Country, sino también de Jaime Garza, quien asegura ser el legítimo propietario de los terrenos por donde pasaría el funicular.

Garza explicó que en 1964, cuando se puso en operación el antiguo teleférico, su abuela, Lucila Garza, propietaria de los predios de la zona, cedió una franja de protección de 100 metros donde no debería haber construcciones, para evitar riesgos a la población vecina.

Sin embargo, durante la gubernatura de Jorge Treviño (1985-1991) -cuando dicho proyecto ya había sido cancelado debido a que el día de su inauguración hubo un accidente fatal-, no existía consentimiento de Lucila Garza, por lo que se enajenaron las propiedades a varias empresas inmobiliarias y la franja se redujo a sólo 30 metros. Actualmente esto haría sumamente peligroso el paso de las góndolas en una zona densamente poblada.

Jaime Garza entregó a La Jornada copias del convenio asentado ante el Registro Público de la Propiedad, sección Guadalupe, el 19 de abril de 1955, mediante el cual su abuela, Lucila Garza viuda de Martínez, otorgó por conducto de su apoderado, José G. Martínez, autorización para utilizar en la operación del proyecto una franja de 100 metros de ancho por 3 mil 995 metros de largo a Pedro Wood, presidente del patronato Teleférico Cerro de la Silla, sin que ello implicara traslado de dominio.

En el contrato se estipula que ''el señor José G. Martínez, con la representación que se ha asentado, grava en forma permanente e irrevocable la porción de terreno que se ha descrito para permitir la instalación de un teleférico, el paso aéreo de los vehículos, las torres, los cables y demás obras necesarias para su conservación'' por un periodo de 100 años.

A su vez, Pedro Wood se comprometió a utilizar únicamente la parte de terreno que le fue autorizada, y aceptó que ''la sociedad adquiriente no podrá utilizar la franja aludida para establecer cualquier negocio comercial, jardines, pavimentación, camino de uso público o cualquier otro uso ajeno al teleférico, y sólo podrá disponer del terreno para la instalación de sus torres, el paso aéreo de sus cables y el mantenimiento técnico del funicular''.

Asimismo, se determinó que Lucila Garza no cobraría por la instalación del teleférico mientras las utilidades del proyecto ingresaran íntegramente para el sostenimiento de la Ciudad de los Niños, un internado y orfanato que estuvo presidido por el sacerdote Carlos Alvarez Ortiz, pues ''de violarse la citada cláusula el convenio quedaría automáticamente anulado''.

Jaime Garza comentó que el alcalde de Ciudad Guadalupe en el trienio 1994-1997, Jesús María Elizondo González, intentó revivir el proyecto del funicular, y como se negaba a pagarle los derechos de paso argumentó que había otros dos lugares donde era factible instalar las torres, pero como quedarían demasiado altas y ello incrementaba los riesgos y los costos, desistió de su propósito.

Mencionó que se presentó con el edil de Ciudad Guadalupe, Juan Francisco Rivera Bedoya, quien pretende construir el teleférico, para mostrarle los derechos de propiedad de su familia, y como prueba le dio copia de una constancia de libertad de gravamen de septiembre de 1999, expedida por el registrador Miguel Villalobos Quiroz a favor de su abuela Lucila Garza, lo cual quiere decir que ''son sus herederos los legítimos propietarios''.

Rivera Bedoya dijo tener documentos que prueban que los propietarios son otras personas, pero nunca los mostró, ''sencillamente porque no existen'', enfatizó Jaime Garza y aseguró poseer copia de una escritura que asienta que la señora Lucila Garza vendió el 2 de septiembre de 1966 a Fraccionadora la Silla, de Grupo Vitro, 287 hectáreas y 5 mil 822 metros cuadrados de la ex hacienda La Pastora. Este documento no incluye la franja de protección mencionada.

No obstante, agregó, el 25 de enero de 1973, tomando indebidamente el nombre y número del notario 17, José García Izaguirre Jr., Inmobiliaria La Silla trató de acreditar la venta de los terrenos en la franja del teleférico. La ilegalidad de la operación salta a la vista, pues Lucila Garza murió el 17 de diciembre de 1972, como consta en el acta de defunción expedida al día siguiente por el oficial primero del registro civil, Andrés Caballero.