Su acusador, ligado al empresario Kamel Nacif
Aprehenden en Puebla a defensor de derechos humanos
Puebla, Pue., 29 de diciembre. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHL), Martín Barrios Hernández, fue detenido e ingresado al Centro de Readaptación Social de esta capital, acusado de chantaje en contra del maquilero Lucio Gil Zárate, cuyas empresas son subcontratadas por Kamel Nacif Borge, el millonario que demandó por difamación a la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Barrios Hernández, quien también es consejero de la junta distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) en Tehuacán, ha denunciado y enfrentado en tribunales laborales a empresarios de la maquila que violan las garantías de sus empleados. En 2001 y 2002 encabezó una movilización de trabajadores de la desaparecida Tarrant Apparel Group, cansados de los abusos que había en esas fábricas propiedad de Nacif Borge.
Rodrigo Santiago, vicepresidente de la CDHL, aseguró en entrevista telefónica que la maquiladora de Lucio Gil Zárate, Calidad en Confecciones SA de CV, es una empresa subcontratada por AZT, compañía en la que Kamel Nacif Borge tiene acciones.
La detención de Barrios Hernández causó la rápida reacción de organizaciones no gubernamentales, como la Red Cuali Nemilistli de Derechos Humanos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, cuyos representantes expresaron la sospecha de que el caso sea un intento del gobierno estatal que encabeza el priísta Mario Marín Torres de amedrentar a los activistas de la entidad que se han solidarizado con la causa de Lydia Cacho Ribeiro.
El director de la policía judicial poblana, Hugo Adolfo Karma Beltrán, aseguró en entrevista que no hay ningún vínculo entre el proceso que se sigue a la autora de Los Demonios del Edén: el poder que protege la pornografía infantil y el caso de Martín Barrios, argumentando que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal se limitó a cumplir una orden de aprehensión emitida por el juez tercero de lo penal.
A pocos minutos de arribar a las instalaciones de la dependencia, Barrios Hernández pudo hablar con el consejero estatal del IFE, Alfredo Figueroa Fernández, a quien contó que en ningún momento recibió citatorio o notificación que lo pusiera al tanto de que estaba demandado.
Cabe recordar que una situación idéntica padeció la periodista Lydia Cacho, a quien la procuraduría no le envió el citatorio para que ''no armara un escándalo'', según confesó la titular de la dependencia, Blanca Laura Villeda Martínez.
El delito por el que es acusado Barrios no alcanza libertad bajo fianza. Los abogados del IFE iniciaron los trámites para obtener amparo. La primera audiencia de su caso está programada para la mañana de este viernes.