La sociedad secularizada
En octubre pasado Consulta Mitofksy levantó una encuesta nacional para conocer las actitudes de la población adulta a propósito de temas que provocan intensa controversia pública: la eutanasia -o muerte asistida-, el aborto y la píldora del día siguiente. Según los encuestadores, hasta ahora el debate sobre estos temas se ha construido con base exclusivamente en las posiciones de líderes de opinión y actores políticos, de manera que su objetivo era investigar qué piensan al respecto los ciudadanos comunes y corrientes. Los resultados, que se dieron a conocer a principios de diciembre, permiten medir muchas otras cosas. Por ejemplo, a partir de ellos puede identificarse la influencia de las normas de las iglesias, en particular de la Iglesia católica, sobre valores que involucran temas centrales en sus enseñanzas. Asimismo, la encuesta descubre la distancia que separa, por ejemplo, las posiciones de la jerarquía católica de las de la mayoría de la población, así como el débil sustento de sus pretensiones de representatividad social. Por décadas sus demandas se han fundado en el argumento de que defienden las creencias y los valores de los casi 80 por ciento de los mexicanos que se identifican como católicos, porque fueron bautizados antes de cumplir un mes de edad. No obstante, esta afirmación sólo ha sido un argumento fácil, cuya única otra evidencia son las manifestaciones de religiosidad popular que la Iglesia siempre ha mirado con desconfianza y sobre las cuales tiene, si acaso, un control tenue.
En realidad la encuesta indica que la Iglesia católica se ha quedado a la zaga de la transformación de actitudes, valores y creencias que ha impulsado un amplio proceso de secularización. Estos cambios se han acelerado en los nuevos tiempos de la democracia mexicana, que son tiempos, por definición y por necesidad, más liberales que aquellos del México priísta que tanto hizo por apoyar la restauración de la Iglesia al cabo de los conflictos provocados por la Revolución. Lo que dice el documento de Mitofsky es que al iniciarse el siglo XXI el principal adversario de la Iglesia ya no es el Estado, sino la sociedad secularizada que se le escapa en forma irremediable.
Así, por ejemplo, 64 por ciento de los encuestados consideran que los enfermos terminales deben tener la opción de recurrir a la muerte asistida; 59 por ciento están a favor de que las mujeres decidan si desean o no continuar con el embarazo; y 79 por ciento aprueban el recurso al anticonceptivo de emergencia, solamente 9 por ciento creen -como sostiene la Iglesia- que es un método abortivo. Vale la pena analizar con cuidado y detenimiento estos resultados, para entender su alcance y las probables contradicciones que encierran. Es preciso tener en cuenta que la aceptación de la eutanasia está claramente acotada por la precisión de que debería ser una alternativa para enfermos terminales; en segundo lugar, si bien la mayoría favorece la decisión de la madre en cuanto a la terminación o no de la gestación, más de 50 por ciento piensan que se debe castigar a quienes llevan a cabo un aborto. En cambio, habría que anotar que la píldora de emergencia tiene un altísimo nivel de aceptación como método anticonceptivo, muy cercano al que alcanzan la pastilla o el uso del condón.
Como es de esperarse, en todos los casos la población más joven y la más escolarizada es la que ostenta actitudes más secularizadas en relación con estos temas, es decir, es la que más da la espalda a la Iglesia en estas materias. En cambio, es sorprendente que el nivel de ingreso no tenga un impacto tan significativo como la edad o el nivel de escolaridad sobre las actitudes. Cuarenta y nueve por ciento de los encuestados clasificados como de ingreso bajo también apoyan la propuesta de que las mujeres son libres de decidir la continuación del embarazo. Este porcentaje es ligeramente superior al que registra el grupo de mayores de 50 años y representa ocho puntos porcentuales más que el grupo sin educación o sólo con educación primaria.
Estos resultados no podían ser peores para la jerarquía católica, que en las últimas semanas ha vuelto a la carga para exigir cambios en la legislación que, según los obispos, no garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, ésta no parece ser la mejor respuesta para el desafío enorme que enfrentan en un contexto de pluralización religiosa: la secularización. La Iglesia católica, en lugar de preguntarse si acaso no tendría ella misma que modificar su organización, su mensaje o sus estrategias de vinculación con la sociedad para responder a tendencias sociales de gran magnitud, pide ahora al Estado que cambie para que le ayude a recuperar a una sociedad que tiende a practicar su religiosidad al margen de la institución eclesiástica.