Editorial

Manipulación de la justicia para agredir a activistas

El jueves pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, fue detenido de forma irregular por el presunto delito de chantaje contra el empresario Lucio Gil Zárate. La forma en que se llevó a cabo su arresto y las condiciones de su encarcelamiento, entre otros elementos, dejan entrever que se trata de una agresión más contra un defensor de las garantías individuales y de los derechos sociales, camuflada bajo la pantalla de una acción judicial legítima, y motivada por intereses oscuros vinculados con autoridades corruptas, situación que tiene muchos paralelismos con el caso de la activista y periodista Lydia Cacho.

Barrios Hernández se ha caracterizado por luchar contra las condiciones de explotación que sufren los trabajadores de las empresas maquiladores de la región de Tehuacán, en su mayoría del ramo textil. En su denuncia, Gil Zárate afirmó que el ombudsman le pidió 150 mil pesos para frenar un movimiento de 163 obreros que le exigían una justa liquidación; estos trabajadores fueron despedidos en represalia por haberlo acusado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En su primera declaración ministerial, el presidente de la comisión reiteró su inocencia, afirmó que no conoce al citado empresario y consideró que la acusación en su contra es una vendetta fraguada por los patrones textileros de la zona. Las irregularidades en su detención y confinamiento producen dudas razonables sobre las verdaderas causas de la demanda en su contra, que respaldan, de alguna manera, la versión de Barrios Hernández, persona que, de acuerdo con sus allegados, goza de una reputación impecable y es incapaz de chantajear a alguien.

El activista nunca fue notificado de la acción legal en su contra, como establece la Constitución; la denuncia fue interpuesta ante la agencia del Ministerio Público Especializado en Secuestros, una oficina que no tiene competencia para tratar delitos de chantaje, y su arresto fue realizados por los mismos agentes judiciales que aprehendieron a Lydia Cacho en circunstancias parecidas. De hecho, la periodista tampoco fue informada de la denuncia en su contra, y su caso ­en el que es acusada de difamación­ lo lleva una agencia ministerial dedicada a los delitos de narcotráfico. Además, durante su detención, Barrios Hernández ha sido obligado a servir de comer a los reos de alta peligrosidad, fue encerrado en una celda junto a 14 personas más y tuvo que realizar labores de aseo sin que después se le permitiera mudarse de ropa. Estas situaciones revelan que la intención era amedrentar al activista y atentar contra su dignidad humana.

El contexto en el que se le acusó y detuvo también pone de manifiesto que en México la justicia se aplica de manera selectiva, sobre todo cuando se trata de proteger intereses empresariales: el objetivo de las sospechosas denuncias contra Barrios Hernández y Lydia Cacho sería impedir que los organismos de derechos humanos denuncien las violaciones a las garantías individuales que ocurren en el país. Como sostuvo Blanca Velázquez, del Centro de Apoyo al Trabajador, la detención de Barrios Hernández "está encaminada a la misma línea de acosar a los compañeros que defienden los derechos humanos".

Lo más grave es que si se concreta la pretensión de establecer aún más fábricas maquiladoras, habrá un significativo aumento de denuncias por violaciones de los derechos laborales, lo que hace suponer que habrá asimismo un incremento de las agresiones contra los activistas. Es por ello que las autoridades deben realizar un serio esfuerzo para garantizar una auténtica independencia del Poder Judicial y acabar con los oscuros nexos entre funcionarios encargados de la impartición de justicia y el gran capital. Y es que con un sistema judicial pervertido y manipulado no puede haber una democracia sana.