Editorial
Voto en el extranjero, un fracaso rotundo
El voto de ciudadanos mexicanos en el exterior se ha convertido en un fracaso y difícilmente servirá para consolidar la democracia en el país, como era la intención cuando se aprobó la ley el pasado 28 de junio que dio vida a esta iniciativa. Al comenzar 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) apenas ha recibido poco más de 10 mil 500 solicitudes, de acuerdo con Rodrigo Morales Manzanares, consejero del instituto y presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero. Esa cifra representa una ínfima fracción de las solicitudes que el IFE esperaba tramitar antes del próximo 15 de enero, cuando se cierra el periodo de inscripción: las autoridades estimaban que al menos 10 por ciento de los 4 millones 200 mil connacionales que residen en el exterior iban a pedir su incorporación al padrón electoral, unas 420 mil personas.
Sin embargo, este fracaso no puede ser atribuido a la inexperiencia de los votantes y a lo novedoso de la medida, como afirma el instituto, sino al esquema aprobado y a la deficiente actuación del propio IFE.
Las fallas sobre este asunto comenzaron desde el estudio preliminar para medir el interés de los mexicanos en el exterior en el proceso electoral de julio de 2006, el cual fue sobrevalorado: no tuvo en cuenta experiencias similares en otros países, en los que la participación es de uno por ciento del total de residentes en el extranjero.
Asimismo, el IFE calculó mal el número de mexicanos que tienen credencial para votar, requisito indispensable para tramitar la solicitud. El organismo consideró que al menos 4 millones contaban con ese documento, pero olvidó averiguar cuántos se lo habían llevado con ellos. Al respecto, la Confederación de Federaciones Mexicanas en Estados Unidos aseguró que entre siete y ocho mexicanos, de cada 10, que viven en la zona de Chicago no tenían la credencial. Y estas personas, muchas de las cuales carecen de papeles migratorios y no pueden abandonar sus trabajos, están en la imposibilidad de regresar a México para conseguirla y esperar el lapso que se tarda el IFE en emitir el documento, al menos unos 10 días hábiles. Por si fuera poco, tampoco pueden tramitarlo en los consulados. Ello sin mencionar que para obtener la credencial es necesario tener domicilio fijo, lo que automáticamente excluye a decenas de miles de trabajadores jornaleros que se trasladan constantemente de granja en granja.
Por otra parte, no todos los interesados saben leer y escribir sobre todo los provenientes de zonas rurales o tienen graves dificultades para llenar el formulario, carecen de conocimientos suficientes para obtenerlo por Internet, son muy pocos los que tienen acceso a una computadora y es extremadamente difícil que se trasladen a los consulados para conseguirlo. Además, la promoción del voto en Estados Unidos ha sido deficiente, principalmente porque se prohibió a los candidatos y partidos hacer proselitismo en el extranjero. Es más, organizaciones de connacionales en territorio estadunidense han denunciado que el IFE hizo caso omiso de sus recomendaciones para impulsar a los cuidadanos a sufragar, labor que quedó en manos de particulares y entidades de la sociedad civil.
Esta situación deja entrever que en los comicios presidenciales, el escaso voto de los mexicanos en el exterior no tendrá ninguna incidencia en el resultado final y será más que nada un sufragio simbólico, aunque caro: si 10 mil personas emiten su voto, cada uno costará 85 mil pesos, en contraste con los 150 a 170 pesos que implicará cada voto en territorio nacional. En consecuencia, el sufragio en el exterior no mejorará la situación de cientos de miles de mexicanos que seguirán marginados del sistema democrático, como resultado de una iniciativa mal planeada y ejecutada.