Ni una sola sentencia condenatoria y la mayoría de órdenes de captura está sin ejecutar
En Femospp, nulos resultados y uso inconsistente de $50 millones
La fiscalía destaca como resultado la consignación de la averiguación sobre el 10 de junio de 1971
Función Pública detectó desvío de recursos cometidos por 10 colaboradores de Carrillo Prieto
En materia de logros jurídicos, al cumplirse cuatro años de puesta en marcha, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no ha obtenido una sola sentencia condenatoria, y la mayoría de las órdenes de captura libradas por jueces federales están sin cumplimentarse.
A pesar de que la Secretaría de la Función Pública no ha concluido el análisis de las auditorías practicadas al órgano que dirige Ignacio Carrillo Prieto, fuentes oficiales revelaron que las inconsistencias en el manejo financiero de los recursos que se le han asignado podrían ascender a cerca de 50 millones de pesos.
La Jornada buscó una entrevista con Carrillo Prieto para hablar acerca de sus resultados y las auditorías; sin embargo, desde diciembre sus colaboradores aseguran que está en reuniones o saturado de trabajo, y por lo que no ha sido posible el encuentro.
Para la Femospp, entre sus "resultados principales" destaca la consignación de la "averiguación previa relativa a la agresión de la manifestación estudiantil y popular del 10 de junio de 1971", pero también acepta que se le negaron las órdenes de captura solicitadas, pese a que se "recurrió a todas las instancias jurídicas".
Considera un logró la "consignación de los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno". El primero no ha sido sentenciado y el segundo sigue prófugo de la justicia.
En el documento denominado Resultados principales, que van del 4 de enero de 2002 al primero de diciembre de 2005, la Femospp menciona que se consignó a los probables responsables de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, Ignacio Arturo Salas Obregón, Jacob Nájera Hernández, José Barrón Caldera, Bernardo Reyes Félix, Eduardo Candelario Villaburu Ibarra, Francisco Javier Coutiño Gordillo, Bartolomé Pérez Hernández, Daniel Tapia Pérez, Andrés Gómez Balanzar, Sebastián Vázquez Mendoza, Rosendo Radilla Pacheco y José de Jesús Corral García.
La Femospp asegura que los "probables responsables de los anteriores casos y a los que actualmente se les sigue proceso penal en diversos juzgados federales son: Miguel Nazar, Juventino Romero Cisneros, Wilfrido Castro Contreras y Francisco Quirós Hermosillo", este último general de división, integrante de la llamada Brigada Blanca y actualmente sujeto a juicio por delitos contra la salud en el fuero militar.
Según el órgano que dirige Ignacio Carrillo Prieto durante los cuatro años que ha desarrollado sus trabajos de investigación se han obtenido 19 órdenes de aprehensión, hasta el momento sólo se han cumplimentado las que corresponden a Miguel Nazar, Wilfrido Castro, Juventino Romero y Francisco Quirós Hermosillo.
Sin embargo, en ningún caso ha logrado una sentencia condenatoria y mucho menos ha logrado su propósito de llevar ante los tribunales mexicanos a altos ex funcionarios del gobierno mexicano, como el ex presidente Luis Echeverría, como presuntos responsables del delito de genocidio.
Acerca de dos de los temas principales de sus indagatorias, las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, no ha podido acreditar la comisión de genocidio, a pesar de que en ambos casos los asuntos llegaron hasta el máximo tribunal del país.
La Femospp ha sido sometida a una serie de auditorías de las que hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente sus conclusiones, pero fuentes oficiales indicaron que la Secretaría de la Función Pública desde que el asunto estaba en manos del órgano de control interno de la Procuraduría General de la República (PGR), se detectó la existencia de desvíos de recursos que involucran, supuestamente, al menos a 10 cercanos colaboradores de Carrillo Prieto.
De manera inicial se detectaron desvíos de recursos por un monto cercano a 22 millones de pesos, la mayoría de ellos relacionados con una partida denominada "especial" o "gastos en seguridad nacional" que si bien no requieren de mucha comprobación y su destino no puede ser revelado de manera pública, cuenta con un procedimiento establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para comprobar su correcta aplicación.
Luego de más de seis meses de investigación en torno a las finanzas de la Femospp, fuentes oficiales revelaron que los análisis de las auditorías han mostrado un mayor número de irregularidades que las inicialmente detectadas, por lo que se habría requerido la comparecencia de varios funcionarios de la fiscalía y un mayor número de documentos que desvirtuaran la percepción de acciones ilegales.
Según las fuentes consultadas, el resultado de las auditorías estaría próximo a darse a conocer y también la posible acusación penal ante la PGR contra algunos servidores de la Femospp.