Es un pésimo indicio el que la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados se retractara y modificara su postura en torno a las reformas a la Ley de Salud que buscaba ampliar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, en particular de las y los adolescentes. Resulta preocupante sobre todo porque este retroceso se da luego de que organizaciones ultraconservadoras y católicas manifestaran su oposición a dichas reformas a través de una inserción en medios impresos.

Como se sabe, gracias a un acuerdo entre las diputadas del PRD y del PRI en la Comisión de Equidad y Género, se llegó a dictaminar de manera favorable la iniciativa de reforma a dicha ley que reconocería el interés superior del menor en materia de información y de acceso a los bienes y servicios de salud sexual y reproductiva, en caso de conflicto de intereses con quienes detenten la patria potestad. El requisito de presentar el consentimiento de los padres o tutores para que las y los menores de edad reciban servicios y orientación adecuadas en esa materia, ha sido un obstáculo en el reconocimiento de los derechos sexuales de las y los adolescentes.

Las reformas facilitarían también el ejercicio de otros derechos, como la práctica de un aborto legal, reglamentando los alcances de la objeción de conciencia por parte del personal médico.

La concesión que hace el PRI a las fuerzas ultra conservadoras tiene tintes electorales. En aras de que ninguna controversia o conflicto con la jerarquía católica empañe su campaña, ese partido decide sacrificar los intereses superiores de la ciudadanía, en particular de mujeres, jóvenes y adolescentes. Resulta claro que para los legisladores de ese partido el interés primordial no está en el reconocimiento de derechos sino en la recolección de votos.