Sistemático desdén de EU a acuerdos bilaterales: expertos
La firma de acuerdos bilaterales en materia de seguridad fronteriza no garantiza respeto y equidad en el marco jurídico internacional, no sólo por las evidentes asimetrías políticas y económicas entre México y Estados Unidos, sino también porque los documentos suscritos responden más a intereses estadunidenses que a verdaderos pactos en beneficio de ambas partes, afirmó Pedro Labariega Villanueva, especialista en derecho internacional e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco.
Por su parte, Germán Vega, catedrático del Colegio de la Frontera Norte, afirmó que Estados Unidos no suscribirá ''tan fácilmente'' un acuerdo con México en el que se garantice la seguridad para los migrantes, debido a que en ambos países se realizarán procesos electorales, por lo que "cualquier decisión que se tome tendrá un costo político".
"Es reprobable", afirmó Vega, que los elementos de la Patrulla Fronteriza usen armas prohibidas por las leyes internacionales, por lo que la comunidad internacional debe presionar para "averiguar desde cuándo se están usando esas balas, porque después, ¿qué seguirá?"
Labariega Villanueva indicó por su parte que la violación a acuerdos como la iniciativa sobre seguridad fronteriza, pactado en junio de 1998, o el memorando de entendimiento sobre cooperación en contra de la violencia fronteriza, de febrero de 1999, revela que en los hechos "no existe una verdadera cooperación bilateral, pues Estados Unidos suscribe los documentos, los incumple y no pasa nada".
Para el mundo, aseguró, Estados Unidos sigue siendo el país que impone sus reglas sin que hasta la fecha exista una nación o bloque de países que enfrente la "arbitrariedad de sus decisiones o exija un cumplimiento puntual de sus compromisos internacionales, sin el riesgo de recibir represalias financieras o políticas".
De acuerdo con los objetivos del Plan de Acción entre México y Estados Unidos para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, suscrito en 2001, al inicio del sexenio foxista se perdieron 139 vidas de migrantes indocumentados de origen mexicano, situación que propició nuevos esfuerzos de cooperación.
Ambos gobiernos acordaron otorgar máxima prioridad al combate del tráfico de personas y de organizaciones criminales, además del compromiso del gobierno mexicano para intensificar acciones integrales que permitieran reforzar la seguridad fronteriza, prevenir el acceso a cruces en áreas de alto riesgo, alertar sobre los peligros que conlleva el ingreso no autorizado a Estados Unidos y reiterar a los indocumentados "las graves consecuencias de entrar en tratos con traficantes y criminales".
Por su parte, la administración del presidente George W. Bush se comprometió a revisar "de inmediato" las operaciones de control fronterizo vigentes, como Guardián, Salvaguarda, Bloqueo y Río Grande, "así como considerar los ajustes u opciones apropiadas para promover la seguridad de migrantes, autoridades y comunidades fronterizas, y evitar la muerte de indocumentados''.