La juez Moreno defiende decisión del secretario de acuerdos y exige una disculpa
El pederasta Gámez Martínez no va a quedar impune: Encinas
Demanda al TSJDF revisar el caso
La funcionaria judicial debe pedir perdón a las víctimas: Sales
El diferendo entre el Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia capitalina con el juzgado 15 penal del Tribunal Superior de Justicia, por la sentencia absolutoria al líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, subió de tono ayer al reiterar el mandatario capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, su llamado al presidente del órgano judicial, José Guadalupe Carrera Domínguez, a efectuar una revisión exhaustiva del caso.
En ese tenor, la juez Beatriz Elena Moreno Cárdenas defendió la resolución y, además, exigió una disculpa pública a la dependencia capitalina, en tanto que el subprocurador, Renato Sales Heredia, respondió que es ella la que tiene que disculparse ante las víctimas.
Por la mañana, en su conferencia de prensa, el mandatario capitalino señaló que los argumentos sobre presuntos padecimientos de diabetes y disfunción eréctil, que admitió el juzgado 15 penal para dejar en libertad al corruptor de menores Salvador Gámez Martínez, son "una burla" para las víctimas.
Por lo que solicitó al presidente del TSJDF, y en particular al Consejo de la Judicatura del órgano judicial, presidido por el mismo Carrera Domínguez, hacer una revisión exhaustiva del caso.
Práctica vieja
Como jefe de Gobierno "no lo voy a dejar impune", sentenció el mandatario capitalino. "Se trata de una persona que ha corrompido a menores, que ha dañado a niñas y que no puede, con la fuerza del dinero, la coerción y las amenazas, quedar impune. Vamos a continuar nosotros con esta investigación", insistió.
Lamentó que se haya recurrido a una vieja práctica de los juzgados, donde se aprovechan los periodos vacacionales de los titulares para que sean los secretarios de acuerdos, y no los jueces, "los responsables de emitir sentencias de esa naturaleza, donde por lo general no son transparentes las resoluciones".
Al mediodía, la juez Moreno afirmó que la sentencia a favor del líder sindical fue dictada con apego a derecho y se dijo dispuesta a ser investigada por la procuraduría capitalina, a la que exigió una disculpa pública, porque al cuestionar los criterios para la determinación jurídica, "me está dañando moralmente", dijo, y agregó que el secretario de acuerdos, Miguel Angel Pérez, quien autorizó el auto de libertad, "cuenta con todo mi aval".
La juez negó que haya recibido presiones por parte del líder sindical para determinar la sentencia y reiteró que la representación social del Ministerio Público no aportó ningún elemento que acredite su responsabilidad en los delitos de corrupción de menores.
Señaló que una de las razones por las que se le dictó auto de libertad fue que una de las involucradas no demostró ser menor de edad; que otra incurrió en declaraciones contradictorias, como señalar que el presunto atacante tiene un lunar en el pecho, cuando éste no existe, que refirió una edad de 50 años, cuando tiene 63, y que mencionó una piedra en un centro comercial, donde Gámez Martínez habría abusado sexualmente de ella, piedra que, dijo, no aparece en la diligencia judicial; además, argumentó, los hechos sucedieron con el consentimiento de las jóvenes, quienes recibieron dinero a cambio de mantener relaciones con el implicado.
Moreno Cárdenas negó que la procuraduría capitalina haya integrado en la averiguación previa textos en los que supuestamente las víctimas firmaban los compromisos adquiridos con el agresor y negó que la supuesta fotografía en la computadora del líder sindical correspondiera a una de las jóvenes, pues, dijo, se trataba de una mujer de unos 30 años parcialmente desnuda.
La PGJDF niega persecución
Por su parte, el subprocurador Sales Heredia dijo que la PGJDF ya solicitó la revocación de la sentencia y afirmó que quien debe disculparse públicamente ante las víctimas y ante la sociedad es la juez, pues más allá de si existió o no la piedra referida, la sustancia es que Gámez Martínez, "a cambio de dinero abusaba de menores de edad", lo que constituye el delito de corrupción de menores.
"Se cometió un abuso sexual por parte de una persona con poder político y económico. Basarse en circunstancias accidentales para dictar una sentencia absolutoria implica la comisión de un delito y una violación al código de ética del Poder Judicial", afirmó el funcionario.
También negó categóricamente que exista una persecución de la PGJDF en contra de la juez, como ella acusa, y expresó que se tiene un respeto ante el Poder Judicial del fuero común; sin embargo, dijo, "la procuraduría considera que se cometió un delito, porque se dictó sentencia en contra de las pruebas" y es obligación "investigar y perseguir los delitos, aún cuando los comentan los servidores públicos".
Sales Heredia subrayó que dicho juzgado ha emitido numerosas sentencias condenatorias por delitos similares a personas con menor poder económico, la última de ellas, señaló, ocurrió el 3 de diciembre pasado, cuando con el único testimonio de los dos policías consignantes y de la víctima, se condenó a un albañil por el delito de violación y abuso sexual.
Por lo pronto, Gámez Martínez está de vacaciones en Europa.