El auto de formal prisión de Martín Barrios, mensaje para el TLCAN: Red
Enfrentar proceso en el penal de San Miguel, pide consejero del IFE poblano
Su seguridad corre peligro en Tehuacán; allí el empresario Gil Zárate es influyente, dice
Puebla, Pue., 5 de enero. El consejero distrital del Instituto Federal Electoral Martín Barrios Hernández anunció que su defensa promoverá que se le permita enfrentar en el penal de San Miguel el proceso que se le sigue por presunto chantaje, en perjuicio del empresario textil Lucio Gil Zárate.
El también activista en favor de los derechos humanos consideró que su seguridad corre riesgo en caso de ser trasladado al Centro de Readaptación Social de Tehuacán, ciudad donde su acusador es influyente.
En tanto, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de Puebla presentó un punto de acuerdo, con el cual pidió exhortar a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Gobernación, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública estatales a que informen al Poder Legislativo sobre el proceso que se sigue a Barrios Hernández y Lydia Cacho Riveiro, defensora de los derechos humanos.
Según la bancada panista, ambos indiciados fueron detenidos entre irregularidades, como no haber sido notificados de la denuncia que interpusieron en su contra los empresarios Kamel Nacif Borge y Gil Zárate, a la primera por los supuestos delitos de difamación y calumnia, y al segundo por chantaje.
Mientras, la Red de Solidaridad de la Maquila, agrupación de organizaciones civiles canadienses que promueve los derechos humanos y laborales de los trabajadores de maquiladoras, expresó que el auto de formal prisión a Martín Barrios Hernández es un mensaje para los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros países de que "los empleadores en el sector de exportación de México pueden violar los derechos de los trabajadores con impunidad, mientras que las organizaciones de derechos humanos que intentan defender estos derechos son juzgadas, puestas en prisión y reprimidas".
Mediante un escrito, Lynda Yanz, coordinadora de la organización canadiense, sentenció que la campaña "irracional y miope" contra defensores de derechos humanos en el estado "dañará la industria del vestido de exportación de la entidad", ya que desalentarán a los empresarios de comprar, invertir o establecerse en México.
"Pareciera que los fabricantes de confecciones mexicanos no se han dado cuenta todavía de que las empresas de marcas estadunidenses que compran sus productos consideran el cumplimiento de estándares laborales como un factor importante en decidir dónde y a quién hacer pedidos de fabricación", dijo.
A nombre de las organizaciones que representa, Yanz expresó su preocupación respecto de la campaña que un sector de los empresarios de Tehuacán, Puebla, ha lanzado para desacreditar "el trabajo legítimo" de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán (CDHL), encabezada por Barrios.
"Nuestro objetivo, y el de la CDHL, es mejorar las condiciones de trabajo y el respeto por los derechos de los trabajadores, no desalentar la inversión o aprovisamiento en México", reveló la Red.
Por ello exhortó al empresariado de la región a que en lugar de concentrar sus ataques contra organizaciones y activistas de derechos humanos comiencen a trabajar con ellos para mejorar sus prácticas laborales y así fortalecer la competitividad de la industria maquiladora, porque de lo contrario se terminaría perdiendo la inversión en el país y los pedidos se trasladarían a otros competidores.
Asimismo, la coordinadora de la Red Solidaridad de la Maquila instó al gobernador poblano, Mario Marín Torres, a actuar de inmediato para la liberación de Martín Barrios, que se respete su integridad física y se realice una investigación sobre su "injusto" arresto y posterior reclusión.
Además, que se asegure que los 163 trabajadores despedidos de la fábrica Calidad Confecciones, propiedad de Lucio Gil Zárate -quien demandó a Barrios por chantaje-, "reciban la liquidación a la que tienen derecho por ley".
Desde hace cinco años la red canadiense ha trabajado en conjunto con la CDHL con el objetivo de documentar las prácticas laborales y las condiciones de trabajo en la industria del vestido en la región, y así "promover mejores prácticas y mayor respeto a los derechos de los trabajadores".
Exaltó el trabajo del organismo presidido por Barrios: "durante este tiempo hemos podido comprobar el importante rol de la comisión en dar a los trabajadores asesoramiento y asistencia cuando sus derechos son violados".