Afectará a congresistas en estados que requieren del trabajo de indocumentados
La ley antinmigrante "costará votos": especialista
El gobierno de Estados Unidos no podrá aplicar "tan fácil" una política antinmigrante que lesiona sus propios intereses y que podría costar muchos votos a los congresistas de estados donde la mano de obra indocumentada aún es indispensable, aseguró Paz Trigueros Legarreta, especialista en el estudio de flujos migratorios y problemas fronterizos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa.
Agregó que pese a la firma de diversos acuerdos de cooperación bilateral "las autoridades estadunidenses nunca han sido confiables en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para garantizar los derechos humanos de los migrantes indocumentados", por lo que consideró "desalentador" el rumbo que ha seguido la política exterior mexicana en años recientes.
Con el incremento de los flujos migratorios a partir de 1990, indicó, México fue perdiendo capacidad de negociación con Estados Unidos, a la par que crecía el número de jóvenes que intentaban cruzar la frontera. Esto propició más abusos y violaciones a sus derechos, pero también "fortaleció la criminalización de la migración como fenómeno de delincuentes".
Trigueros Legarreta indicó que el perfil sociodemográfico de la población migrante tiende a ser muy heterogéneo, pero "coincide en una reducción importante de la edad en que se inicia el proceso migratorio, la mayor participación de mujeres jóvenes y el hecho de que la mayoría de quienes migran no están vinculados con bandas de delincuentes o polleros. Son jóvenes emprendedores, que asumen los riesgos de cruzar de forma indocumentada, con deseos de trabajar y mejorar sus condiciones de vida".
En muchas de las localidades donde la migración forma parte de los procesos de desarrollo social y económico desde hace varias décadas, "se asume que los jóvenes se irán a trabajar a Estados Unidos, que se corren riesgos para cruzar la frontera y que no deben tener problemas con la justicia estadunidense, por lo que no son sectores de población que busquen ser agresivos".
Aseguró que el fenómeno migratorio ya no es sólo rural, "abarca prácticamente la mayoría de los sectores sociales, tanto rurales como urbanos, hombres y mujeres, e incluso menores cada vez más pequeños, lo que obliga al Estado mexicano a replantear las políticas públicas que pueden incidir en este proceso que alienta a toda una generación a abandonar el país ante la falta de oportunidad laborales, de vivienda, educación y salud.
"No podemos cerrar los ojos ante un fenómeno que, si bien forma parte de procesos de desarrollo social y demográfico de México y Estados Unidos desde hace varias décadas, se ha convertido en un problema muy complejo, con elevados costos sociales, humanos y económicos, donde las propuestas se limitan a construir muros y endurecer medidas policiacas que propician mayores abusos y arbitrariedades."