El Consejo de la Judicatura revisará la absolución del líder sindical Salvador Gámez
Investiga el TSJDF la sentencia en favor del presunto pederasta
Que la titular del juzgado 15, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, tenga la seguridad de que se indagará a fondo su trabajo, le responde el jefe de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), inició de oficio una investigación para determinar si existió alguna irregularidad en la actuación de la juez 15 penal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, o del secretario de acuerdos del juzgado, Miguel Angel Pérez Camacho, que derivó en la sentencia que absolvió al dirigente sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado del delito de corrupción de menores.
En tanto, luego de que Moreno Cárdenas dijo estar dispuesta a que la investigue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, respondió a la funcionaria: "que tenga la seguridad de que le haremos una buena investigación".
El TSJDF informó ayer que "atendiendo la inquietud que se ha hecho pública por parte de la jefatura de Gobierno y de algunos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, en torno de la resolución pronunciada por el secretario de acuerdos del juzgado décimo quinto de lo penal, en funciones de juez por ministerio de ley, mediante el cual se decretó la libertad de Ramón Gámez, en apego irrestricto a las disposiciones contenidas en la Constitución federal y en los ordenamientos legales, se encuentra obligado a dar seguimiento puntual a la acusación de los servidores públicos que lo integran".
En un comunicado, el órgano judicial recordó que la autoridad ministerial interpuso el recurso de apelación contra la resolución, lo que "dará paso a la revisión del expediente por parte de una sala integrada por tres magistrados, quienes tendrán la responsabilidad de dictar la resolución que proceda, ajenos a toda clase de presión, no teniendo otro límite que el de la ley, ni más libertad de decisión que el que resulte de la valoración de las constancias procesales".
Encinas explicó que la procuraduría capitalina solamente ampliará la indagatoria que inició en contra del secretario de acuerdos del juzgado, para incluir a la titular del mismo.
Encinas descartó ofrecer disculpas a la juez y se sumó a la respuesta que el jueves dio el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, respecto de que ella es quien debe una disculpa a las víctimas de Gámez Martínez.
Sobre las averiguaciones previas de la PGJDF contra jueces y magistrados del órgano judicial del Distrito Federal por delitos en perjuicio de la administración de la justicia -durante 2005 fueron 76-, el mandatario capitalino dijo que son una muestra de que el gobierno ha estado muy atento a la actuación de la autoridad jurisdiccional, y en todos los casos en que se acrediten irregularidades se está actuando, como en el asunto del dirigente sindical acusado de corrupción de menores.
Encinas aclaró que mientras no se obtenga una orden de reaprehensión en contra de Gámez, la PGJDF está impedida legalmente de seguirlo o de pedir a alguna entidad, como la Policía Internacional (Interpol) que lo haga; esto, luego de que se supo que el dirigente sindical abandonó el país para vacacionar en Europa.
Ramón Salvador Gámez es acusado de inducir a adolescentes a sostener relaciones sexuales con él ofreciéndoles diversas cantidades de dinero. Las menores, de entre 15 y 17 años, eran contactadas por cajeras y otras personas entre empacadoras de tiendas de autoservicio, a quienes conducían al departamento 202 del edificio ubicado en el número 117 de la calle Doctor Olvera, en la colonia Doctores, propiedad del dirigente sindical.
Incluso cuando la PGJDF realizó un cateo en el lugar, se encontraban allí tres menores, quienes declararon ante el Ministerio Público en contra del líder sindical. Sin embargo, al parecer éste por medio de sobornos, presiones y amenazas logró que tres de sus víctimas retiraran sus demandas, por lo que al final la acusación en su contra se basó en la denuncia sólo de una joven, y las otras testimoniales, en las que se confirman los actos de corrupción de menores, no fueron consideradas por la autoridad jurisdiccional.