Distancia
La política entraña rasgos complejos en la relación que se establece entre la gente y sus gobernantes y líderes. Los casos de atracción y rechazo que provocan las figuras políticas se extienden por la historia. Véase el ejemplo actual de la aceptación que ganó el muy controvertido Ariel Sharon entre buena parte de la población israelí, antes y después del infarto cerebral que padece.
En México la relación con los gobernantes está llena de contradicciones, muchas de ellas se ponen de manifiesto en las anécdotas sobre los presidentes y gobernadores o de los hombres con poder. Hay una fascinación con el poder político y el del dinero, los que las más de las veces se combinan.
Esa contradicción se advierte ahora con el presidente Fox. Los resultados que se desprenden de ciertas encuestas indican que el nivel de aceptación pública de su persona ha mejorado últimamente, aunque sería difícil destacar en términos rigurosos por qué ocurre. Las tendencias de su gobierno son las mismas desde que se inició, los resultados que se han obtenido están muy lejos de lo ofrecido originalmente, las restricciones económicas no se superan, tampoco las condiciones sociales de la mayoría de la población, los conflictos no han disminuido y algunos incluso crecen. Así, el éxito más sonado, que consiste en la tan expuesta estabilización financiera, agarradera principal del presidente y sus allegados, no alcanza para marcar un resultado favorable de esta administración.
Corren ya los últimos meses de la presidencia de Fox y el barco hace agua. Durante cinco años se sostuvo la relevancia de la política social y de los programas de asistencia y promoción que se aplicaron desde la Secretaría de Desarrollo Social, con la que fue siempre una flamante funcionaria del gabinete, Josefina Vázquez Mota, predilecta del Presidente. Pero esa función a la que la secretaria decía que se entregaba por completo y defendía con tesón, no pudo con la tentación de irse a la campaña del panista Calderón.
La señal que manda la señora Vázquez y el propio presidente no es buena, sobre todo porque han insistido en que la política social se hacía sin inclinaciones partidistas. Pero las nuevas actividades de la funcionaria se prestan cuando menos a la sospecha sobre el uso de la información privilegiada de la que dispone y de las relaciones de dependencia política que ha creado desde su posición en el gobierno.
Hay demasiados signos de debilidad en el sistema democrático instituido en México para que esta situación se tome como un hecho neutral. Y la incertidumbre se agranda con la designación de la señora Aranda, hasta ahora responsable del DIF y muy cercana a la familia Fox para hacerse cargo de la Sedeso.
No pesó suficientemente la supuesta prioridad de ese ramo de la política pública para nombrar como sustituto a uno de los subsecretarios de la dependencia, como pasó antes en las secretarías del Trabajo o Economía. En este caso prevaleció, en cambio, uno de los rasgos más desafortunados del foxismo: refugiarse en el grupo de incondicionales que rodean a la familia y que han demostrado reiteradamente sus limitaciones políticas y burocráticas.
Las dificultades del Presidente se agravan, igualmente, al final de su mandato en el terreno de la política exterior, que está desfondada no sólo por la improvisación que priva en la dependencia, sino porque es una expresión del desarreglo interno que prevalece. El privilegio que se da a los vínculos con Estados Unidos no da los frutos esperados, no en cuanto al crecimiento de la producción, del empleo y la productividad ni en el ordenamiento del mercado laboral. Las medidas agresivas contra los migrantes -muros y balas para contenerlos- ponen en evidencia que el acuerdo comercial que se mantiene mediante el TLCAN no produce las ventajas esperadas y queda trunco debido a las restricciones al flujo de personas frente al libre movimiento de las mercancías y los capitales.
Esta política exterior de comercio e inversiones está llegando a su límite y es necesario replantearla. Pero no a la manera del secretario de Economía, García de Alba, quien va a hacer consultas y, por supuesto que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá le dicen que no están dispuestos a revisar nada del tratado. Ante un Estado débil, que asume plenamente su debilidad, sólo quedará lo que él mismo sabe y dijo hace poco: ajustar la paridad del peso para no seguir perdiendo el mercado ante la competencia de otros países.
Y sólo como remate de este breve recuento debe señalarse la rapiña que representa la nueva Ley de Radio y Televisión que concentra aún más el poder económico y político de los beneficiarios: las grandes empresas de telecomunicaciones. Ese asunto es en sí mismo relevante por el modo en que se hace política y se legisla en el país; ahí queda como muestra la actuación de los diputados para aprobar el dictamen de la ley. Pero es significativo, además, en cuanto a la concentración de recursos que favorece y la falta de competencia que impone en la economía mexicana. Los dichos y los hechos van siempre a contrapelo. Pero en este caso se involucran cuestiones más amplias como es la definición de la agenda política en la campaña presidencial que ya se inicia y la manera en que se cargarán los dados a favor y en contra de los candidatos. Dinero y poder marcan la ley y, de aprobarse en el Senado, también marcarán sus consecuencias durante un largo periodo.