Bush puede haber superado a Nixon en la violación de la ley, dice ex asesor de la Casa Blanca
Sin orden judicial, el espionaje interno es causal de destitución: John Dean
Insuficiente, el argumento de la "guerra contra el terrorismo", según legisladores, ONG y civiles
Nueva York, 8 de enero. Una caricatura editorial del Baltimore Sun exhibe al presidente George W. Bush argumentando que el espionaje doméstico que autorizó no daña las libertades civiles, protege a la nación y afirma que desde que ordenó este programa no ha ocurrido un atentado terrorista... por Greenpeace, PETA (grupo de defensa de los derechos de los animales), el Grupo de Trabajadores Católicos y opositores a la guerra.
Estas agrupaciones civiles mencionadas por el caricaturista KAL, entre otras, han sido objeto de programas de espionaje realizados por el gobierno de Bush, con la justificación de defender la seguridad nacional. El espionaje doméstico se lleva a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, el Pentágono y hay evidencia de que la "inteligencia" se comparte entre por lo menos 4 o 5 agencias más dentro del gobierno, informó el Washington Post. Nadie sabe cuántos ciudadanos u organizaciones han sido vigilados, pero la divulgación del espionaje doméstico sin supervisión judicial por el gobierno de Bush ha despertado grandes inquietudes, ecos de los tiempos de Nixon, y ha resucitado la visión orwelliana de Big Brother.
Aunque el espionaje doméstico del gobierno sobre sus ciudadanos y extranjeros no es nada nuevo, ni es en sí ilegal, a raíz de graves abusos de este poder en los 60 y 70 en este país, se promulgaron leyes que establecen normas y procedimientos legales para limitar y supervisar dichas acciones, incluyendo el requerimiento de solicitar autorización judicial para intervenir comunicaciones electrónicas de personas.
Cuando el New York Times reveló, el 16 de diciembre, que el presidente Bush había autorizado a la Agencia de Seguridad Nacional y otras entidades el espionaje doméstico sin orden judicial, estalló otro escándalo en torno a los abusos del Poder Ejecutivo con la justificación de la "guerra contra el terrorismo".
Todo esto ha generado una controversia entre legisladores, grupos de defensa de derechos y libertades civiles y el gobierno sobre la legalidad de estas actividades. El viernes pasado, la primera investigación oficial no partidista sobre el asunto concluyó que la justificación presidencial parece carecer de bases legales. La agencia del Congreso, el Congressional Research Service o CRS, entidad que realiza investigaciones sobre asuntos y temas a solicitud de legisladores, emitió un informe en el cual concluye que las bases legales de justificación de Bush para intervenir comunicaciones de estadunidenses sin autorización judicial son dudosas, en particular en lo que se refiere a que el Congreso otorgó ese poder al presidente al autorizar poco después del 11-S "toda fuerza necesaria y apropiada" contra los responsables de los atentados, el eje del argumento del Ejecutivo. Ese otorgamiento legislativo, afirma la investigación del CRS, "no parece haber autorizado el espionaje".
Este lunes el tribunal federal secreto que supervisa las actividades del gobierno en casos de espionaje y terrorismo, ha programado una audiencia clasificada con altos funcionarios del Departamento de Justicia y de agencias de inteligencia para evaluar por qué el gobierno de Bush piensa que tenía autoridad para ordenar las intervenciones de comunicaciones sin orden judicial de este mismo tribunal, informo el Washington Post el jueves. Los 11 jueces del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia del Extranjero desean saber si el gobierno de Bush empleó inteligencia del programa para obtener otras autorizaciones de este tribunal sin haber divulgado el origen de esa inteligencia. Uno de los jueces de este tribunal secreto renunció al cargo en protesta, poco después que se reveló la existencia del programa, a mediados de diciembre.
De hecho, hay indicaciones de que varios altos funcionarios del gobierno de Bush habían expresado sus dudas sobre la orden presidencial autorizando el espionaje interno sin autorización del Poder Judicial y que el propio presidente estaba enterado que su orden podría no ser legal.
Bush y sus funcionarios, en público, rechazaron que el gobierno pudiera actuar sin autorización judicial en casos de espionaje doméstico. La organización Friends Comittee on National Legislation recuerda que Bush declaró el año pasado que "en cualquier momento que escuchen que el gobierno de Estados Unidos hable de intervenciones (de comunicación), eso requiere una orden judicial. Nada ha cambiado". Cuando el presidente declaró eso el 20 de abril de 2005, no sólo había autorizado el programa de espionaje interno, sino que lo había renovado varias veces desde que lo aprobó en 2002.
Cuando Bush fue obligado a reconocer la existencia del programa, primero lo justificó como esencial para "proteger al país" y que era un programa legal, ya que contaba con la autoridad otorgada por el Congreso para hacerlo como "comandante en jefe" en "tiempos de guerra". Acto seguido, Bush y su equipo atacaron al mensajero. El presidente acusó a los que revelaron el programa de haber cometido un acto grave que sólo beneficiaba al enemigo, y ordenó una investigación criminal sobre la filtración de la información al New York Times.
John W. Dean, quien fue asesor legal del presidente Richard Nixon, escribe que Bush, al igual que Nixon, autorizaron intervenciones telefónicas ilegales, y que ambos lo justificaron de la misma manera: que un presidente tiene el poder de superar la leyes del Congreso para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, como entonces, Dean subraya que "no puede haber duda seria que la intervención sin orden judicial, en violación de la ley, es una ofensa suficiente para la destitución" de un presidente, y recuerda que entre las acusaciones formales en el proceso a Nixon estuvo la intervención de comunicaciones ilegales. "De hecho -agrega- Bush podría haber superado a Nixon".
Dean, escribiendo en FindLaw, concluye con una advertencia: Al actuar sin aprobación del Congreso, Bush ha subrayado que su presidencia opera sin freno; en la perspectiva de él y sus abogados, totalmente más allá de la ley. Ahora que ha enfocado los poderes impresionantes de la agencia de Seguridad Nacional sobre los estadunidenses, ¿cuáles poderes asumidos empleará Bush próximamente? ¿Y cuándo -si algún día- descubriremos nosotros, y el Congreso, que los está empleando?