Demanda tiempo para analizar la propuesta, "que pretende desaparecer el ejido"
El proyecto de ley agraria, golpe mortal al campo; es un regreso al porfirismo: CNC
Impulsa el rentismo de tierras, la venta de derechos y la desintegración social y económica
La Confederación Nacional Campesina (CNC) rechazó el dictamen de la propuesta de la nueva ley agraria que se encuentra en proceso de aprobación por la Cámara de Diputados, pues "se pretende poner a remate más de 30 mil ejidos y comunidades. Hay serias deficiencias técnicas jurídicas que requieren revisarse, y planteamientos contradictorios e incongruentes que causan confusión", asentó.
En un documento de 30 cuartillas de análisis de dicha propuesta de ley, cuyo dictamen se aprobó en diciembre del año pasado, los cenecistas apuntan que "es una prolongación de la contrarreforma agraria aprobada en 1992 al modificarse el artículo 27 constitucional, con el objetivo de colocar al agro nacional en la política de globalización y apertura comercial que le ha hecho un daño muy grave a los ejidos y comunidades. Se impulsa el rentismo de la tierra, la venta de derechos, así como la desintegración social y económica de los núcleos agrarios".
Los delegados de las ligas de comunidades agrarias, presidentes de uniones de producción e integrantes del comité ejecutivo nacional de la organización demandaron todo el tiempo necesario para continuar con la revisión en profundidad de algunos aspectos torales del proyecto de ley, que "representa un golpe mortal al campo mexicano, pues la intención es regresar a la época del porfirismo al legalizar el despojo de tierras y con ello desaparecer el ejido".
Al concluir la reunión que se realizó en Boca del Río, Veracruz, el presidente de la CNC, Heladio Ramírez López, advirtió que aprobar la iniciativa tendría consecuencias peores a las dejadas en 12 años por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido a que abre la posibilidad de que por lo menos la mitad del territorio nacional, que actualmente es propiedad social y está en manos de los campesinos, pase a formar parte de la banca y las empresas trasnacionales que han desmantelado a México.
El país requiere un marco jurídico adecuado que impulse el desarrollo del campo, el cual no se logra sólo con la privatización de la tierra, dijo la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, Arely Madrid Tobilla. "Toda ley es perfectible, ya que es importante que tenga un objetivo definido, pero no se puede permitir que se pierda el sentido social en el campo ni olvidar que la tierra no ha tenido el trato ni la inversión que requiere."
Al aclarar que no daría una opinión absoluta ya que dicha propuesta de ley no ha sido presentada en el Senado, Madrid Tobilla mencionó que, luego de escuchar el debate en la Cámara de Diputados, detectó que el proyecto tiene algunas deficiencias, por ejemplo en el dominio pleno, pues se abren a la titulación y parcelación las tierras de orden comunal; la falta de precisión de conceptos al titular avecindado y posesionario, y la autoridad sustituta crece, no se reduce. Pero también, dijo, hay que reconocer que tiene algunos avances importantes.
Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, comentó que la propuesta de ley busca privatizar la propiedad social, abrir un mercado de terrenos y bajo el engaño de devolver capacidad decisoria a ejidatarios y comuneros obligarlos, por la pobreza, a tomar la decisión de vender sus tierras.
Objetivos incumplidos
Han pasado más de 13 años de la promulgación de esta ley y no se ha visto ninguno de los beneficios prometidos cuando fue aprobada, abundó Hilaria Domínguez Maldonado, secretaria de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. "Al contrario, las compañías privadas extrajeras en lugar de invertir retiran su capital del agro mexicano -en 2005 se fueron más de 50 millones de dólares- y tampoco se dieron apoyos masivos con que trataron de convencer a los ejidatarios."
De hecho, agregó, la privatización de la propiedad social, el marco neoliberal y global impuesto a la economía desde el exterior, y los compromisos contraídos con el TLCAN, han traído el derrumbe de la actividad agropecuaria, que tras crecer a un ritmo de 3 por ciento anual, ahora lo hace a menos de uno por ciento.
En tanto, Ramírez López asentó que se necesita retomar la actividad sustantiva de la Secretaría de Reforma Agraria, pues es la institución indicada para responsabilizarse de la organización, eficiencia y productividad de la propiedad social. "Este sería el cambio que realmente se debe buscar y no tratar de meter medicaciones perversas y tramposas a la ley agraria, que sólo buscan que el patrimonio de los mexicanos pase a ser propiedad de extranjeros."
En el dictamen de la nueva ley agraria se destaca que fue producto de un amplio proceso de consulta entre los grupos representativos de las organizaciones sociales, campesinos, productores privados, especialistas en la materia y de los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Todas las voces fueron escuchadas, todos los planteamientos fueron discutidos, analizados e incluidos mediante el consenso. Se insiste en que faltan políticas de Estado para que los campesinos accedan a los programas, a los recursos, a la capacitación para la organización para la producción y comercialización."
Los cenecistas también advirtieron que darán seguimiento al ejercicio del presupuesto para el sector -Sagarpa tiene 51 mil millones de pesos y SRA 4 mil 446 millones-, ya que conocen el calendario de aplicación de los recursos fijado por los diputados. El Procampo es uno de los primeros programas cuyos recursos deberán ser entregados en febrero; se le asignaron 15 mil 270 millones de pesos, tuvo el mayor apoyo presupuestario; le sigue Alianza para el Campo, con 6 mil 220 millones de pesos.