El gobernador tendría el control político de la instancia, advierten
Desecha la SCJN nombramiento de Joel Rubén Zerón como fiscal electoral en Nayarit
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que el gobernador de Nayarit tenga el control político de la Fiscalía para Delitos Electorales de esa entidad, al anular el nombramiento de Joel Rubén Zerón como fiscal electoral.
Aunque el pleno de ministros determinó la constitucionalidad de la fiscalía electoral, dejó en claro que la designación de su titular no se apegó a derecho porque fue aprobada exclusivamente por el Congreso local sin tomar en cuenta al Ejecutivo del estado.
El pleno consideró que los legisladores nayaritas -las cinco fracciones parlamentarias aprobaron el nombramiento de manera unánime- invadieron las atribuciones del Ejecutivo estatal, quien tiene la facultad de designar al procurador de Justicia local y éste, a su vez, al fiscal electoral.
La SCJN precisó que si bien la fiscalía electoral debe actuar de forma autónoma e independiente, esa libertad se da en el contexto de la ley que rige a la Procuraduría General de Justicia de Nayarit.
Entrevistado en el recinto del máximo tribunal, el aún fiscal electoral -dejará el cargo cuando reciba la notificación oficial de la Corte, en los próximos días- dijo que la decisión de los ministros abre la puerta a que el gobernador de Nayarit, Ney González, tenga el control absoluto de la justicia electoral, "con la consecuente falta de autonomía e independencia de la fiscalía".
Zerón lamentó que la decisión de la Corte pueda afectar el destino de las 62 averiguaciones previas que tiene pendientes de consignar la fiscalía; entre éstas destacan las que involucran al ex gobernador Antonio Echevarría Domínguez y al actual gobernador Ney González, así como algunos de sus más cercanos colaboradores.
Precisó que Echevarría Domínguez es investigado por haber desviado presuntamente recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para apoyar a candidatos panistas y perredistas en las pasadas elecciones locales en la entidad.
Mientras, la averiguación al actual gobernador tiene que ver con la presunta violación a la ley que prohíbe colocar propaganda electoral en determinados sitios, como postes de alumbrado público.
Y aunque adelantó que consignará ambas indagatorias en los próximos días, con la decisión de la SCJN se corre el riesgo de que los afectados interpongan un amparo, con el argumento de que el nombramiento del actual fiscal fue inconstitucional.
Dijo que con la nueva designación sería un hecho que las averiguaciones previas queden en el olvido.
Rubén Zerón reconoció que la decisión del Congreso local, de hacer a un lado al Ejecutivo local en su designación, podría considerarse un error político, pero indicó que ésa era la única manera que encontraron los legisladores para garantizar la plena autonomía e independencia de la fiscalía electoral.
Ahora será el gobernador estatal el que designe al nuevo fiscal, lo que representa en los hechos que éste tenga el control de los asuntos político-electorales en la entidad, dijo.