No hay motivos para que lo haga: abogado de Echeverría
La Corte analizará hoy si atrae el caso de la matanza de Tlatelolco
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este miércoles el análisis de la petición que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a que el máximo tribunal del país ejerza su facultad de atracción en el juicio abierto contra el ex presidente Luis Echeverría y otros ex funcionarios y militares acusados de genocidio y desaparición forzada por la matanza del 2 de octubre de 1968, informó el abogado Heraclio Bonilla, defensor del ex mandatario priísta.
Refirió que lo único que hoy hará el órgano jurisdiccional, integrado por cinco ministros, será determinar si el caso debe ser resuelto por la Corte o por un tribunal unitario.
El litigante consideró que ya no existen motivos para que los ministros admitan el asunto, ya que en el caso del jueves de Corpus emitieron una postura respecto a que el delito de genocidio sí prescribe.
La Constitución permite que la Corte atraiga algún juicio que se ventile en algún tribunal de categoría inferior, cuando el asunto es de "trascendencia nacional o internacional".
Si la primera sala determina que corresponde a la Corte resolver la apelación de la negativa de ordenar la aprehensiones de los inculpados por la matanza de Tlatelolco, habría dos escenarios:
El primero, que la misma sala confirme su criterio de que el genocidio prescribe 30 años después de ocurrido ese delito, lo que beneficiaría a la mayoría de los inculpados que no contaban con fuero constitucional en 1968. En este caso el único que podría ser juzgado sería el ex presidente Echeverría. El expediente regresaría a un tribunal unitario para que éste resuelva si emite las órdenes de captura.
El segundo escenario sería que la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, que determine si los inculpados son presuntos responsables del delito de genocidio, libre las órdenes de aprehensión y ordene a un juez que los juzgue.
La consignación del caso 68 la hizo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en septiembre pasado.
En el pliego de consignación se solicitó la aprehensión de Echeverría; de los ex titulares de la disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS) Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, los tres acusados de genocidio y desaparición forzada, por la desaparición de Héctor Jaramillo.
También fueron acusados de genocidio, pero no de desaparición forzada, el ex procurador de la República Julio Sánchez Vargas, quien falleció hace un mes; los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal, y Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger los cadáveres en Tlatelolco, así como Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público.
Sin embargo, el juez Ranulfo Castillo, titular del juzgado 15 de distrito, determinó el pasado 21 de septiembre que si bien se acreditó el plagio de Héctor Jaramillo, la autoridad ministerial no comprobó la presunta responsabilidad de los tres inculpados en el delito de desaparición forzada. El juez Castillo determinó negar las órdenes de aprehensión que solicitó la Femospp.
Por su parte, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 pro Libertades Democráticas, señaló que la SCJN está obligada a ejercer su facultad de atracción en el caso de la matanza de Tlatelolco, porque se trata de un hecho histórico "sumamente grave", que requiere ser revisado por la máxima instancia judicial del país.