Califica de deplorable su liberación; "hay pruebas suficientes de su culpabilidad"
Exige la CROC reabrir el caso del líder acusado de pederastia
Llama a organizaciones sindicales, sociales, civiles y académicas a unirse para que no quede impune
Es deplorable la liberación del seudolíder sindical Ramón salvador Gámez Martínez, zar de los contratos de protección y de sindicatos fantasmas, acusado de pederastia, por lo que este proceso tiene que ser reabierto para que se le aplique todo el rigor de la ley, demandó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Para esta organización de trabajadores es muy cuestionable que el secretario de acuerdos del juzgado 15 de lo penal, Miguel Angel Pérez Camacho, haya dictado sentencia absolutoria al pederasta, ya que éste, además de enfrentar acusaciones de abuso sexual de diversas niñas que trabajaban como empacadoras en centros comerciales, "enfrenta denuncias por la operación fraudulenta de al menos 600 contratos de protección en perjuicio de aproximadamente 30 mil trabajadores del sector aéreo, comunicaciones y servicios, entre otros".
Por lo que la CROC llamó a diversos sindicatos, académicos y organizaciones sociales, civiles y de defensa de los derechos humanos a unirse para demandar que se reabra el juicio contra este dirigente e incluso realizar una manifestación el jueves próximo en el acceso principal del Reclusorio Oriente de esta ciudad, donde se ubica el juzgado 15 de lo penal.
A nombre de la CROC, Laura Hernández, secretaria de Desarrollo del Empleo, patentizó que existe gran inconformidad en todos los sindicatos que integran esta central por la liberación del seudolíder.
Recordó que Gámez fue acusado en mayo del año pasado de haber cometido actos de corrupción de menores, ya que tres adolescentes que trabajaban como empacadoras en una tienda de autoservicio -cuyo sindicato fantasma lo controla este dirigente-, presentaron denuncias penales al ser engañadas de que iban a conseguir un mejor trabajo tras ser obligadas a tener relaciones sexuales con Gámez.
Existen diversas pruebas de este caso, ya que el seudolíder obligaba a las menores a firmar "contratos apócrifos" en los que se comprometían a tener cierto número de encuentros sexuales a la semana, así como determinado comportamiento para poder recibir su "sueldo", indicó.
Son muchas las víctimas de Gámez Martínez y muy dolorosos sus casos, por lo que resulta muy lamentable que el secretario de acuerdos del juzgado 15, Miguel Angel Pérez Camacho, lo haya absuelto, por lo que se ha hecho un llamado a la movilización sindical para exigir a las autoridades que apliquen el principio de "cero tolerancia a la impunidad", según señalaron las responsables de la subsecretaría de Asuntos Internacionales y de la Federación de Trabajadores Jubilados y pensionados de la CROC, Patricia Méndez y Adela Vivanco.
A decir de ambas mujeres, se cuenta con suficientes pruebas de su culpabilidad en la corrupción de menores, ya que además de los "contratos" donde aparece la firma de las niñas, existen fotografías, testimonios de las propias víctimas e incluso las denuncias sobre las presiones a familiares de las mismas para que se desistan y retiren los cargos.
Por ello, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó al Consejo de la Judicatura abrir una investigación a fondo contra la juez Beatriz Elena Moreno Cárdenas y el secretario de acuerdos del juzgado 15. Ante lo cual el movimiento obrero se pronuncia porque se revoque la sentencia absolutoria, la cual es sospechosa y "resta credibilidad al sistema judicial y desprestigio al sindicalismo nacional", señalaron a nombre de la confederación
Indicaron que incluso se convocó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para que tomen una posición de firmeza ante el caso de evidente pederastia. En tanto, la secretaria de Desarrollo de Empleo de la CROC confió en que se pueda contar con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer y que van a buscar el de la Dirección de Equidad y Género de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social, los legisladores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.