Patrón de gestión
Cada año se publican cifras acerca de los mexicanos que pierden la vida al intentar internarse en Estados Unidos, y generalmente los números indican más de una muerte diaria. Esas muertes, trágicas en su totalidad, suelen ocurrir por los peligros de las montañas, del desierto, de los ríos, del frío y del calor; por los accidentes en el ferrocarril, en automóviles atestados que se escabullen por brechas y veredas, en los vagones en que son abandonados a la asfixia; por los ataques de serpientes, polleros y policías que los muerden, roban o secuestran, de este lado o del otro. A todo esto hay que agregar a los vigilantes que gustan de salir de cacería de indocumentados y, por supuesto, a los agentes de la migra que, con frecuencia los golpean en el momento de la detención, y de vez en cuando los matan.
Cuando eso ocurre, y ocurre desde que la migra existe (1924), estos asesinatos provocan el repudio nacional, adquieren relevancia en la prensa y se convierten en reclamaciones diplomáticas. Para estos casos parece existir un patrón de gestión que se reproduce cada vez que un patrullero dispara su arma contra un mexicano.
Después de que un mexicano ha sido asesinado por algún agente de la Patrulla Fronteriza se produce información en las fuentes locales y en las capitales: los medios de comunicación dan cuenta de los hechos y abundan en entrevistas a los familiares y opiniones de personas conectadas con el caso, con el jefe local de la migra y con el cónsul de México. El cónsul informa a la cancillería con todos los detalles que puede conseguir y declara a los medios que, por instrucciones de Tlatelolco, está siguiendo el caso para que se haga justicia; que ya ha pedido información a la Patrulla Fronteriza y el castigo correspondiente para el oficial responsable. Por su parte, el jefe local de la migra declara que uno de sus agentes -al que no identifica- estuvo involucrado en un incidente en el que un extranjero ilegal lo atacó, lo amenazó o estaba en posesión de una arma letal (piedra, cuchara de albañil, paraguas o cualquier otro objeto que no sea un rifle que dispare cápsulas de gas de chile porque, como se sabe, ésas no son letales) y que se vio obligado a usar su arma; lamentablemente, resultó muerto el extranjero ilegal que, ahora se sabe, en vida llevó el nombre de (espacio en blanco para llenar con el nombre del occiso). La oficina de asuntos internos ya practica las investigaciones del caso.
Como los medios de comunicación tienen corresponsales en las capitales, la cancillería mexicana anuncia que hará todas las gestiones necesarias para que el responsable del asesinato de (espacio en blanco para llenar con el nombre del occiso) reciba el castigo correspondiente, y que ya ha instruido al cónsul para que haga la necesaria reclamación y al embajador en Washington para que presente una nota de protesta. Por su parte, el Departamento de Estado declara que es muy lamentable que la situación de inseguridad en la frontera cause víctimas fatales y que seguirá el caso con atención hasta su solución satisfactoria. El tema puede durar en la prensa de tres a 10 días, ya que su vigencia noticiosa es una mera función de la importancia de otros hechos. En caso de vacaciones y tregua electoral los plazos se pueden ampliar.
La investigación de la oficina de asuntos internos de la propia Patrulla Fronteriza concluye que el agente actuó en defensa propia y cumplió con las reglas de uso de armas letales de la corporación. Toda clase de organizaciones no gubernamentales mexicanas, estadunidenses y chicanas protestan y amenazan con acudir a los organismos internacionales y a otras ONG más importantes. La prensa no destaca mucho sus quejas, aunque todavía las publica. Corren rumores de que el asesino fue trasladado a un puesto en la frontera noreste con Canadá. No hay acusación ni investigación fiscal en materia penal. Sin embargo, pronto surge la información de que una firma de abogados propone a la familia entablar una demanda civil contra la Patrulla Fronteriza por decenas de millones de dólares.
El Departamento de Estado contesta la nota de la cancillería mexicana y las declaraciones de ambas partes empiezan a suavizarse y se aclara que el asunto no debe lastimar la relación entre ambos gobiernos, aunque los procedimientos judiciales deben continuar. El consulado, atento, sigue el trabajo de los abogados, pero éstos desaconsejan esos contactos a la familia. Tras algunas semanas el juicio civil se abre. Las semanas se convierten en meses y luego en años. En algún momento los abogados informan a la familia que la Patrulla Fronteriza está dispuesta a negociar una solución extrajudicial. Ofrece 20 mil dólares. Recomiendan tomarlos.
El caso se olvida, pero el patrón de gestión se aplicará de nuevo, muchas veces.
De cualquiera manera que se le mire, disparar por la espalda a un hombre que huye hacia su tierra no es solamente un crimen: es también una cobardía. Y es, además, absolutamente inútil. No sirve al cumplimiento de la misión de la Patrulla Fronteriza que, con la huida del hoy occiso, ya estaba cumplida. A menos que haya órdenes secretas o directivas no escritas.
Ya es tiempo de que México vaya más allá de las notas y las declaraciones. Ya que Estados Unidos no lo hace, es el propio México el que debe hacer la investigación e iniciar un procedimiento penal; incluir en las listas de criminales buscados fotos del asesino, exhibirlas en la frontera y en sus oficinas consulares en Estados Unidos y Canadá. Debe pedir su localización y detención con fines de extradición.
Pese a todo, esto no sucederá.