Autoridades judiciales y laborales protegen a Salvador Gámez, acusa el vocero de ASPA

Premian con 2 mil contratos leoninos al líder sindical acusado de pederastia

Incluyen a unos 350 mil trabajadores agrupados en 20 organizaciones gremiales, señala

Jorge Sunderland, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), afirmó que "el halo" que protege al líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de pederastia, "abarca a las autoridades laborales y judiciales, pues además de ser exonerado, su más reciente logro es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le autorizara los contratos colectivos en blanco de las empresas aéreas A Volar y Vuela".

Sunderland sostuvo que el presunto pederasta controla más de 2 mil contratos leoninos en todo el país, con alrededor de 350 mil trabajadores, y agrupa a cerca de 20 sindicatos blancos de protección, que operan en 11 ramas de la industria y servicios.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Guadalupe Carrera Domínguez, se negó ayer a emitir una opinión en torno a la resolución absolutoria otorgada al presunto pederasta Ramón Salvador Gámez Martínez, por la juez 15 de lo penal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas. Argumentó que al hablar "sobre el contenido de la sentencia" estaría "prejuzgando", lo que no puede hacer en su carácter de titular de ese órgano autónomo.

A la par, diputados locales y dirigentes de PRD, PAN y PRI, así como líderes sindicales, exigieron a las autoridades judiciales ir a fondo en ese caso, aclarar bajo qué términos se dio la liberación del también considerado zar de los contratos de protección, y castigar enérgicamente a quienes tengan alguna responsabilidad, ya sean funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del DF o del juzgado 15 de lo penal, pues ese hecho constituye "un agravio a la sociedad".

Carrera Domínguez, cuestionado sobre el caso al salir de las oficinas del TSJDF, se limitó a reiterar que el Consejo de la Judicatura analiza la actuación tanto del secretario de acuerdos, Miguel Angel Pérez, como de la titular del juzgado 15, "para establecer si hubo alguna irregularidad en la sentencia".

Anunció que en breve se reunirá con jueces y magistrados de los cuatro ámbitos judiciales: penal, civil, familiar y de arrendamiento, "para reiterarles que nuestra función es la de impartir justicia cuidando todos los preceptos de imparcialidad, objetividad y anteponiendo cualquier interés o presión de persona o grupo".

En la Asamblea Legislativa, los coordinadores del PAN, Carlos Alberto Flores, y del PRI, Mauricio López Velázquez, y los presidentes de las comisiones de Gobierno, Carlos Reyes Gámiz, y de Administración y Procuración de Justicia, Alfredo Hernández Raigosa, así como el líder del PAN-DF, Carlos Gelista, reclamaron que el Consejo de la Judicatura estudie a fondo en el asunto y se evite que haya impunidad en favor de Gámez Martínez, acusado de corrupción de menores.

Incluso López Velázquez y Hernández Raigosa mencionaron la posibilidad de que se integre en la ALDF una comisión especial para investigar el caso.

Sin embargo, manifestaron sus reservas respecto de la iniciativa de ley enviada por el Gobierno del DF para modificar la Ley Orgánica del TSJDF y poder ejercer acción penal contra jueces, magistrados y consejeros, pues podría atentar contra su autonomía.

Trascendió que será la quinta sala del TSJDF -y no la octava como se había anunciado- la que revise la sentencia absolutoria, mientras que el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, no descartó que la juez Moreno Cárdenas sea llamada a declarar, dentro de la investigación que la Fiscalía de Servidores Públicos realiza a su secretario de acuerdos.

Ayer, unos 80 miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se congregaron en la entrada del área de juzgados del Reclusorio Oriente, con el objetivo de "dialogar" con la juez Moreno Cárdenas respecto del juicio al líder sindical. Al no ser recibidos por la impartidora de justicia, amenazaron con ir a su domicilio particular, y anunciaron que el próximo martes se manifestarán en las oficinas del TSJDF.

Carolina Gómez, Agustín Salgado, Raúl Llanos y Gabriela Romero