Editorial

El poder de los pederastas

Hoy hace un mes Lydia Cacho Ribeiro, periodista, investigadora y promotora de derechos humanos, fue capturada en Cancún por elementos de la policía judicial de Puebla y trasladada a la capital de esa entidad, consecuencia de una demanda por difamación y calumnias presentada contra la escritora por el magnate textilero Kamel Nacif Borge, señalado en el libro Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía, escrito por Cacho, como amigo y protector del empresario pederasta Jean Succar Kuri, detenido en 2004 y actualmente preso en Arizona. El arresto y el traslado a Puebla de la autora del libro constituyeron algo más parecido a un secuestro que a una captura legal: se ejecutaron de manera inusualmente expedita, se maltrató a la detenida y se cometieron irregularidades flagrantes que fueron reconocidas por la propia procuradora de Justicia poblana, Blanca Laura Villeda Martínez ("no se le notificó sobre la orden de aprehensión en su contra para que no hiciera un escándalo"). Todo ello en atención a una demanda por difamación notoriamente improcedente, toda vez que Cacho Ribeiro se limitó, en su libro, a citar referencias y testimonios de terceros; pese a ello, la juez penal poblana Rosa Celia Pérez le dictó auto de formal prisión una semana después, lo que obligó a la demandada a pagar una elevada fianza para poder enfrentar el juicio fuera de la cárcel.

El demandante, por su parte, es un hombre muy poderoso. Se le conoce con el apodo de Rey de la mezclilla por sus numerosas fábricas textileras, en las que paga salarios de hambre e impone condiciones laborales lamentables; desde ellas surte a grandes trasnacionales del vestido ­GAP, Wrangler, Tommy, Guess, Nike­; ha recibido cuantiosos subsidios del gobierno federal y los estatales de Chiapas y Puebla, así como mimos del presidente Vicente Fox, quien al menos en dos ocasiones ha impulsado inversiones de Nacif: el hotel JW Marriot y la maquiladora textil TTI. Es, además, amigo de Marta Sahagún, a cuya fundación, Vamos México, ha realizado aportaciones.

En vez de ser investigado por las informaciones según las cuales el magnate asistió a encuentros en los que Succar Kuri explotaba sexualmente a menores de edad ­otro invitado a tales actos habría sido Miguel Angel Yunes Linares, actual secretario de Seguridad Pública, de acuerdo con las fuentes citadas por Cacho­, Nacif Borge recibió inmediato respaldo de las autoridades en su querella contra la informadora quintanarroense. Ello configura, además de un repudiable e inaceptable ataque contra la libertad de expresión y contra el ejercicio del periodismo, una muestra adicional de las exasperantes distorsiones que imperan en casi todos los órganos de procuración e impartición de justicia en el país: la Procuraduría General de la República (PGR) fabrica culpables ­Andrés Manuel López Obrador, Artemisa Aguilar Moreno, Nahúm Acosta Lugo, Joaquín Romero Aparicio, entre muchos otros­; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descubre que la masacre perpetrada el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco carece de "trascendencia e importancia jurídica"; las autoridades ejecutivas y judiciales aplican todo el peso de la ley a campesinos ecologistas, a deudores de decenas de miles de pesos, pero declaran inocentes a los autores de fraudes multimillonarios cometidos en el contexto del "rescate bancario" y de desfalcos como el Pemexgate; Arturo Montiel es absuelto del cargo de enriquecimiento ilícito por un procurador de justicia nombrado por él mismo; el poder se niega a esclarecer los manejos irregulares en Vamos México, Lotería Nacional y los dudosísimos contratos otorgados a un hijastro del Presidente, y, para volver a los pederastas, la juez Beatriz Elena Moreno Cárdenas deja en libertad a Salvador Gámez Martínez, operador de sindicatos patronales, quien había sido capturado en flagrante abuso sexual de menores de edad.

La complacencia de la justicia para con los poderosos ­políticos o económicos­ exhibe su rostro extremadamente hipócrita en la protección de los pederastas, ejecutivos de un negocio transnacional que mueve grandes sumas de dinero y destruye a miles de seres humanos en sus primeras etapas de vida. El hostigamiento judicial contra Lydia Cacho, además de un atropello al ejercicio profesional del periodismo, a la dignidad de una informadora y al más elemental sentido común, parece ser parte de esa complicidad entre las autoridades y los responsables de la industria de la prostitución y la pornografía infantiles. Por todas esas razones, miles de personas y docenas de organizaciones sociales de México y del extranjero han expresado su solidaridad para con la autora de Los demonios del edén y han exigido que cese la persecución en su contra y las fabricaciones legaloides que no buscan, en el fondo, mas que silenciarla. Es necesario sumarse a ese clamor y exigir que la justicia actúe contra los delincuentes y no contra quienes documentan los ilícitos.

El triunfo de la candidata presidencial Michelle Bachelet en las elecciones realizadas ayer en Chile es una noticia esperanzadora por muchas razones: porque cabe esperar que la nueva mandataria dé nuevo impulso y profundice la transición chilena hacia la plena democracia; porque ha ofrecido una política social más sensible que la del actual presidente, su correligionario Ricardo Lagos, pues constituye un nuevo e importante factor en la conformación de un frente latinoamericano opuesto al neoliberalismo y dispuesto a reivindicar las soberanías nacionales frente a Estados Unidos, y porque en la política socialista será la primera mujer que ejerza la titularidad del Ejecutivo en la historia del país austral.

Desde luego, el desempeño de Bachelet al frente del gobierno está por verse. Pero su victoria permite percibir cambios significativos en una sociedad que profundiza su rechazo a los remanentes civiles de la dictadura y a las derechas civiles para las cuales la democracia es un formalismo desvinculado de la justicia social, de la defensa de los intereses nacionales en escenarios globalizados contemporáneos, la tolerancia, el pluralismo y la inclusión de las minorías.

Más aún, una vez muerto y sepultado el pinochetismo político, los electores chilenos han dado mayoritariamente la espalda al pinochetismo económico que pregonaba el contendiente de la derecha en los comicios de ayer, el empresario Sebastián Piñera. Cabe recordar que la tiranía militar que se instauró a sangre y fuego el 11 de septiembre de 1973 en la patria de Neruda fue el primer gobierno neoliberal del continente, y que las estrategias económicas ortodoxas aplicadas por Augusto Pinochet fueron posteriormente adoptadas por regímenes civiles ­los de Carlos Menem, Carlos Salinas y Alberto Fujimori, por ejemplo­, con resultados igual de desastrosos en términos de sufrimiento y desintegración social.

Cabe esperar que Bachelet sea capaz, desde las Presidencia, de modificar las anclas constitucionales que sujeran a Chile al autoritarismo demencial de la pasada dictadura, que impulse políticas de equidad social y de fortalecimiento de las libertades y que coloque al país en la lógica de la integración regional soberana que ya impulsan los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Cuba, a los cuales se unirá pronto el que encabece Evo Morales en Bolivia. Esa lógica, que ya genera en Washington la reacción de lanzar una nueva guerra fría, esta vez contra el sur del continente americano, y no la actitud entreguista de administraciones como la de Vicente Fox, en México, es la que requieren las sufridas sociedades de nuestro hemisferio, castigadas por décadas de autoritarismo criminal y por lustros de políticas económicas depredadoras.