Ni a los narcos se da ese trato, dice César Jáuregui
Lamentable, la actuación del gobierno de Puebla: partidos
Las dirigencias de PRI, PRD y PT, así como senadores del PAN, expresaron su condena al acoso judicial contra la periodista Lydia Cacho, llamaron a defender con todo la libertad de expresión y la aplicación estricta de la ley, porque en este caso se desprende ''la actitud autoritaria y el contubernio'' del gobierno de Puebla para proteger a pederastas.
El vocero del PRI, Eduardo Andrade, elogió la investigación de la periodista, y dijo que su ''encomiable labor'' debe defenderse con todos los argumentos legales, pero del mismo modo deben atenderse los ordenamientos jurídicos que norman la convivencia de los mexicanos, a los que invoca el empresario textilero Kamel Nacif.
Por su parte, Humberto Zazueta, integrante del Consejo Político del PRD, afirmó que en este caso se manifiesta sin duda alguna la actitud autoritaria y el contubernio de empresarios textileros de Puebla con el gobierno estatal que, en aras de proteger los intereses de sus amigos, no dudó en violentar los derechos humanos de Cacho Ribeiro.
No hay duda, expresó, de la actitud delictiva del empresario Kamel Nacif, quien -afirmó el perredista- ha invertido recursos para echar atrás declaraciones que lo incriminan en la red de pederastas de Cancún.
Zazueta consideró que la periodista debe ser apoyada, porque se han violentado sus derechos, y exigió que la CNDH intervenga en el caso y que la PGR investigue las denuncias contra pederastas y el acoso de que ha sido objeto la comunicadora.
Mientras, la dirigencia colegiada del Partido del Trabajo expresó su plena y absoluta solidaridad con la lucha que por su libertad física y de expresión sostiene la escritora. ''Con valentía, Lydia ha denunciado esos casos que generalmente se mantienen ocultos, y su labor ha sido muy importante para desentrañar nocivas redes que afectan a menores de edad, que es el sector más vulnerable de la sociedad'', expresó José Narro, dirigente del PT.
Destacó que las denuncias que Cacho difundió en su libro, en el cual narra el caso del magnate hotelero Jean Succar Kuri, arrestado en Cancún en 2004 acusado de encabezar una red de prostitución y pornografía infantil, ''son parte de una lucha que debe reconocerse; condenamos enérgicamente el resolutivo del Poder Judicial del estado de Puebla que, sin lugar a dudas, fue producto del influyentismo'', dijo.
También el senador de Acción Nacional César Jáuregui planteó que en el proceso que se le sigue a Lydia Cacho se demuestra que existen resabios de aplicación caciquil de la justicia en México, porque los gobernadores mantienen el control sobre los órganos de procuración y administración de justicia. Consideró que algunas declaraciones lamentables del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, evidencian que existe gran influencia del mandatario en este proceso que vincula a un empresario muy cercano a él. Consideró preocupante la violación a los derechos humanos en que se ha incurrido en este proceso.
Ni a los ''verdaderos delincuentes ligados al narcotráfico o a otras bandas organizadas se les ha dado un trato como el que se ha dado a la periodista'', lamentó.