Presunción descalificadora
No contento con desviar la actuación de los órganos de procuración y administración de justicia en agravio de los defensores de derechos humanos Lydia Cacho y Martín Barrios, violentando la ley y pasando por encima de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, el gobierno de Puebla lanzó la sospecha de sus presuntas relaciones con grupos guerrilleros con el exclusivo fin de seguir buscando la manera de criminalizarlos y descalificar su labor social, no obstante las numerosas evidencias procesales en sentido contrario, y las abrumadoras muestras de solidaridad de la prensa y organizaciones de todo el mundo hacia ellos. Su intención es tan absurda, que el mismo boletín oficial de la dirección de comunicación social y relaciones públicas de ese gobierno se vio en la necesidad de desmentir o matizar las declaraciones del titular de esa oficina, en el sentido de solicitar a la Secretaría de Gobernación federal que "investigue los vínculos de ambas personas con este grupo", el Ejército Popular Revolucionario.
Como escribió el reportero Martín Hernández Alcántara en La Jornada de Oriente (10/1/06), las palabras de ese funcionario "fueron escuchadas por al menos 20 periodistas" en una conferencia de prensa el día anterior, y constan en una grabación que mantiene en su poder. Sin embargo, en el boletín mencionado únicamente se asentó que la administración de ese estado "sólo pedirá que se indague el origen del comunicado de la organización clandestina", deslizando con ello, una vez más, la especie de que podría haber algo turbio en la limpia actuación de esos luchadores sociales, y transformando un asunto entre particulares y una causa pública de defensa de derechos laborales en un asunto ya no sólo político, sino incluso de seguridad nacional. Es la misma estrategia y dinámica aviesa utilizada por los regímenes autoritarios y dictatoriales contra los defensores de derechos humanos, cuando se ven descubiertos en su corrupción y flagrante manipulación de la ley.
Tienen por ello toda la razón la Red Cuali Nemilistli y el Comité Amplio de Apoyo a Martín Barrios cuando reaccionan sin temor, expresando que el gobierno puede indagar lo que quiera con tal de que sus investigaciones sean honestas y no estén realizadas por las mismas autoridades persecutorias, pero en tal caso nos tienen que investigar a todas las organizaciones nacionales e internacionales que desde hace semanas y meses hemos venido dando fe de la recta y pública actuación de nuestros compañeros indiciados. Y cobran con esto mayor relevancia los señalamientos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (que agrupa a 60 organizaciones en todo el país), que en un comunicado emitido el pasado 5 de enero tipificó técnicamente con razón a ambas detenciones como "desviaciones de poder", orientadas no a hacer justicia, sino a satisfacer los intereses económicos relacionados claramente con ambos casos, y a hostilizar a Lydia Cacho y a Martín Barrios para que no sigan ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y su deber de seguir defendiendo los derechos humanos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Ello además ha puesto de manifiesto una actuación subordinada y facciosa de los órganos de procuración y administración de justicia, y colocado a los dos indiciados como susceptibles de ser adoptados como presos de conciencia por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Por cierto, vale la pena recordar que en sus Informes de 2002 y 2003 el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión pidió al gobierno que "para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, el Estado mexicano, tanto en el ámbito federal como local, debe reformar sus leyes sobre difamación y calumnia, de manera que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos relacionadas con el ejercicio de sus funciones, figuras públicas o de privados involucrados voluntariamente en asuntos de interés público", como sería este último el caso de Lydia Cacho, si ministerial y judicialmente se comprobara con imparcialidad la presunta difamación de que se le acusa.
Además, como expresó el mismo relator aquí en México en agosto de 2003, "en estos casos debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas", lo que ciertamente no parece ser el caso de Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil. Pero lamentablemente, como expresó Amnistía Internacional en su acción urgente del 19 de diciembre pasado, "la difamación es un cargo penal en México, y en ocasiones se utiliza para silenciar e intimidar a los periodistas que informan sobre cuestiones de interés público". Esta es una de esas situaciones, y por eso los sectores sociales democráticos estamos con Lydia Cacho.