Hoy reanudará la Suprema Corte las discusiones
Argumentan magistrados en favor de la audiencia previa
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que proponen modificar la tesis de jurisprudencia que impide la audiencia previa en caso de expropiaciones consideran que de no hacerlo avalarían un trato discriminatorio para los mexicanos, a diferencia de los inversionistas de países con los que México ha suscrito acuerdos de libre comercio. Asimismo señalan que el mundo globalizado en que vivimos exige que el país garantice seguridad jurídica al capital privado para traer inversiones.
Afirman también que la "justificación histórica" de dicha forma de expropiación es cosa del pasado, cuando "el fin del reparto agrario", previsto en el artículo 27 constitucional.
En este contexto, los ministros señalan que la Suprema Corte enviaría "muy mala señal" al exterior si mantiene su postura de la audiencia posterior únicamente para los connacionales que sean afectados en su patrimonio, cuyas propiedades sean expropiadas.
Según el punto de vista de los ministros que plantean cambiar la jurisprudencia -plasmado en un anteproyecto en poder de La Jornada-, el "antiguo criterio" de la audiencia posterior tiene su fundamento en el artículo 27 constitucional y en leyes agrarias que estaban enfocadas principalmente a solucionar el problema del reparto agrario. Pero en la actualidad, con el señalamiento del gobierno federal de que el reparto agrario "se ha agotado", el criterio impugnado perdió su "justificación histórica", como indica uno de los anteproyectos que analizan los ministros sobre el tema, en el cual se afirma que en la actualidad "los tiempos son otros", en los que la globalización incluye a organizaciones nacionales, regionales, trasnacionales, estatales, públicas y privadas, así como estados y municipios que "compiten activamente entre sí por los mercados".
Así, los bienes expropiados en la actualidad no se limitan únicamente a lo que se considera "propiedad territorial", sino a "cualquier otras cosa que signifique propiedad privada, que es el bien más preciado en esta época y de la que vendrá el conocimiento, el saber, la información, etcétera".
Esto nos debe llevar, afirma el documento, a que el país no está segregado ni ensimismado en sus murallas, sino que tiene que reconocer el fenómeno de la globalización, en el que es importante que la Suprema Corte "facilite el acceso a los capitales, quitando trabas a los riesgos que significan el ataque a la propiedad privada".
Así las cosas, subraya el texto, la expropiación no debe verse "como la lucha del egoista interés privado contra el altruista interés colectivo", sino como colaboración para que, "mutilando la propiedad privada, se transforme para que se surta en una forma equitativa y conveniente la colaboración entre el capital y el Estado, para lo cual se necesita de la audiencia previa".
Este lunes el pleno de la SCJN reanudará la discusión sobre el tema, en el marco del amparo solicitado por cinco ingenios azucareros en contra del acto expropiatorio de 2001, en el que depende del voto que emita el ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón, si se modifica la jurisprudencia referida o "simplemente" se concede el amparo a los ingenios y se aprueba un criterio en materia de audiencia previa que no sería aún "obligatorio" para todos los juzgados y tribunales federales del país.
En la sesión del pasado jueves los ministros Olga Sánchez Cordero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagotia, Margarita Luna Ramos y Juan N. Silva Meza se pronunciaron por modificar la tesis en materia de expropiación; los otros tres juzgadores, Juan Díaz Romero, José Ramón Cossío y Sergio Valls opinaron lo contrario, porque ello representaría, puntualizaron, prácticamente la "muerte" de la facultad expropiatoria del Estado.
El único que se reservó su punto de vista fue Azuela, luego de maniobrar para aplazar la sesión para hoy lunes, a sabiendas de la importancia del tema.