Entrevista a LUIS CARLOS UGALDE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IFE
La Fepade, responsable de frenar activismo presidencial
Proximo, un exhorto mas del ife a la mesura declarativa
En entrevista con La Jornada, el presidente del IFE adelanta que el recorte presupuestal que decretó el Congreso inevitablemente alcanzará a los partidos políticos
Las campañas políticas están por arrancar y la polémica por la equidad sigue vigente. En vísperas de entrar a la fase intensiva de las mismas, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, resume el debate sobre el activismo presidencial: la responsabilidad de posibles excesos presidenciales o de gobernadores corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade); en los próximos días habrá un nuevo exhorto a la mesura declarativa de los funcionarios y en su momento a no difundir la obra de gobierno.
En entrevista con La Jornada, Ugalde adelanta que el recorte presupuestal que decretó el Congreso de la Unión inevitablemente alcanzará a los partidos políticos en forma proporcional a la distribución de los recursos, aunque gran parte provendrá del presupuesto del voto de los mexicanos en el extranjero, experiencia a la que es renuente a definir como fracaso. Definirlo así es abstraerse de la complejidad de su organización.
-¿Es suficiente lo que ha hecho el IFE para no repetir casos como Amigos de Fox o Pemexgate?
-Lo que soluciona estructuralmente casos como éstos es reducir los costos de campañas y eso requiere cambios legales: revisar su duración, costos de publicidad, medios de comunicación. El IFE ha generado mecanismos de transparencia y fiscalización que permiten detectar oportunamente excesos en gastos, pero la supervisión no va al fondo del problema, que es el costo de hacer campañas. Sí hay una diferencia importante, pues por primera vez los partidos informarán durante las campañas cuánto gastan y nos tendrán que dar copia de su facturación con los medios de comunicación, tema éste que el IFE hará público. Ahora, las bonificaciones que los medios hacen a los partidos están prohibidas y eso permitirá más transparencia en el cobro de tarifas a cada organismo.
-¿Ya no será el dinero triangulado el que decida al ganador de las elecciones?
-El IFE estableció mecanismos que esperamos contribuyan a disuadir a posibles infractores de excederse en gastos, de solicitar ingresos de fuentes prohibidas por la ley, y de gastar más de lo que pueden. El reto central es garantizar la limpieza en la jornada y procurar condiciones de equidad.
-Ya firmaron un acuerdo con Televisa. ¿Qué pasa con el resto de la industria?
-Con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) se mantienen las conversaciones. Están a favor de la transparencia en el espíritu de lo que se firmó con Televisa. Espero que muy pronto haya un convenio firmado, pues queremos que toda la industria esté involucrada en esto. No hay plazo fatal, pero esperamos que sea muy pronto.
-EL PRD ha exigido al IFE garantizar la equidad...
-Es bueno que los partidos exijan al IFE acciones para garantizar la equidad. Es muy saludable que vigilen lo que se hace. Es el mejor blindaje para que tengan confianza de que cada acción es legal. Hemos tomado 57 acuerdos para la elección, de los cuales mas de 90 por ciento han contado con el aval de todos los partidos. La equidad incluye vigilar excesos en gastos de campaña, acceso a los medios para que otorguen trato equitativo. El IFE se ha mantenido en favor del principio de equidad: a mismas condiciones, mismos precios.
-¿También han exigido detener el proselitismo del presidente Fox? ¿Qué hará el IFE?
-Si bien hay libertad de expresión y asociación de servidores públicos, es deseable que se limite en aras de cuidar la equidad y la concordia. Eso lo han dicho el tribunal (Electoral) y la Corte. Ahora, en materia de servidores públicos, es la Fepade la responsable principal, porque persigue delitos electorales de funcionarios.
''Si existiera certeza de que un funcionario utiliza recursos públicos para promover a su partido, la que debe actuar es la mencionada fiscalía, no el instituto. Hay un espectro que no está contenido en el Código Penal y donde el IFE tiene una autoridad que ejercer, pero eso es una reflexión política. Quienes ostentan cargos, como el Presidente y los gobernadores, deben conducirse con prudencia, con mesura, pero el instituto carece de facultades legales para sancionarlos.
''Hicimos un exhorto en junio para cuidar la libertad de expresión y en los próximos días volveremos a reflexionar sobre la neutralidad que deben observar desde el Ejecutivo hasta los alcaldes.''
-¿Neutralidad implica la cancelación de difusión de obras?
-No hay impedimento legal para que los gobiernos promuevan sus obras. En el pasado han habido exhortos para que se suspenda la difusión, no la ejecución, 30 días antes de los comicios, lo que ha sido acatado. Pretender que todos los gobiernos no difundan obras desde ahora es algo que cae fuera de nuestras atribuciones, aunque el instituto sí puede convocar a que haya un periodo de tregua previo a la elección. En los próximos días haremos un pronunciamiento sobre servidores públicos y difusión de obra para establecer claridad, pero lo políticamente deseable es que haya restricciones antes de la elección
-¿Le inquieta al IFE que la ex titular de Sedeso (Josefina Vázquez Mota) sea parte de una campaña, como han externado los partidos?
-Es una decisión soberana del PAN. Lo que importa es que no vaya a usarse información privilegiada y desviarse recursos públicos con fines políticos. Si hubiera algún comportamiento ilegal de un funcionario es la Fepade la entidad obligada a investigar. Lo que se debe hacer es vigilar que no haya desvío de beneficio de programas sociales para fines políticos. De hecho, la Sedeso firmó un convenio con la ONU para blindar los programas sociales. Si un ex titular está en su partido, eso no es punto a discusión, sino el abuso de recursos públicos.
-Con respecto al presupuesto, ¿el IFE absorberá todo el recorte o lo aplicarán también a partidos?
-El 31 de enero el Consejo General del IFE conocerá una propuesta para enfrentar el recorte de mil 28 millones de pesos que decretó el Congreso. Dado que el presupuesto contempla el rubro de prerrogativas, además del gasto operativo del instituto, me parece que el recorte presupuestal debe aplicarse a ambos rubros de manera proporcional al peso que tienen en el presupuesto, una parte de lo cual podría ser de la partida del voto de los mexicanos en el extranjero.
-¿Por qué el fracaso del voto postal?
-La expresión fracaso es inapropiada. Hay que evaluarlo en diversas perspectivas. Es una petición de hace diez años, que ya existe en la práctica y ese es un avance. Cuando se discutió hubo cuestionamientos sobre si se podía organizar con plena certeza o no. Había preocupación sobre posibles fraudes, por lo que el mecanismo adoptado en el envío de solicitudes o la inscripción es muy profesional y garantiza plena confianza. Otra cosa es la participación, que ciertamente es menor a la que muchos supondrían, pero no es mucho menor a otros países. Las federaciones de mexicanos han participado, pero hay ciudades donde se distribuyeron más de 25 mil formatos y se recibieron diez solicitudes. ¿Qué quiere decir? El IFE y el Congreso deben hacer un repaso hacia futuro. El instituto ha hecho una labor de difusión máxima de acuerdo con sus posibilidades, recursos y tiempo. Juzgar si es éxito o fracaso no aborda su complejidad.
-Sobre el decálogo de las iglesias, ¿por qué el cambio de discurso del organismo electoral de cuestionar primero su participación para luego avalarla?
-El decálogo del Consejo Interreligioso es plenamente legal, porque ahí hablan de que respetarán la ley, que no inducirán el voto en favor o en contra y no se asociarán con fines políticos. La mayor controversia ha sido que inducen el voto. El IFE debe vigilar que no ocurra o en su caso turnarlo a la Secretaría de Gobernación para que investigue. Con esa premisa, es importante que las iglesias fomenten la responsabilidad social. El riesgo se da cuando al promoverlo implícitamente se induzca al voto. Este decálogo contiene ese compromiso y por eso es compatible.
-¿Es suficiente para que pasen de cuestionar en Gobernación a apoyar los Talleres por la Democracia del Episcopado?
-Efectivamente hubo un oficio a Gobernación donde se planteaba que era importante que en aras de fomentar la participación no se violentaran algunas leyes electorales. Sabemos que son talleres informativos y que no tratarán de inducir el voto ni violarán ninguna ley. Si lo hacen así pueden contribuir al clima de concordia y participación.
-¿No habrá más estigmatizaciones, como con México Posible?
-Si alguna iglesia indujera el voto o cuestionara la plataforma de un partido, Gobernación y el IFE actuarían, pues el Código Penal establece sanciones cuando un ministro de culto lo hace o promueve el abstencionismo. El instituto debe tener un diálogo abierto con las iglesias, porque lo importante es prevenir.
-¿Hay alguna estrategia para evitar estas descalificaciones y que baje el nivel de la campaña?
-Es importante elevar el nivel del debate, porque eso permitirá que los ciudadanos recobren la confianza en los candidatos y haya una participación importante. No sólo eso, también hay que centrar el debate en los ciudadanos y no en los partidos, porque eso es saludable para el país. El instituto puede hacer exhortos, fomentar debates y promover que se vote informada y razonadamente. Se puede prevenir la compra del voto, porque esta práctica lo convierte en un intercambio mercantil entre candidatos y votantes.
-¿Hay temor a nuevos escándalos o campañas sucias?
-Eso es parte de la política, de la intensidad de la política; seguramente habrá controversia, conflictos, intensidad: así es la política y así son las campañas aquí y en todo el mundo. El Instituto Federal Electoral debe garantizar que no se salgan del cauce.