La persecución contra Lydia Cacho, o el mundo al revés
En el mundo al revés, los ladrones persiguen a los policías, los delincuentes mandan encerrar a los inocentes y los periodistas son perseguidos por documentar sus reportajes.
Otro caso del mundo al revés: en una entrevista de Blanche Petrich, en La Jornada, Camel Nacif, el hombre que acusa a Lydia Cacho, busca enmendar su imagen. Este empresario, acusado de machista y prepotente, se defiende de la "difamación" de la periodista y truena contra ella: la llama "llorona", le exige "que sea hombrecita" y, cuando le preguntan por el monto de su demanda, responde que va a pedir millones, los que se le ocurran. Este mismo personaje, cuestionado por un reportero de Reforma sobre las demandas por acoso sexual que la han hecho más de 100 trabajadoras de sus maquiladoras, rechaza la acusación aduciendo que no tiene "tan mal gusto". Con ello retrata su comportamiento patronal.
Lydia Cacho ha escrito que su proceso es un juicio político contra el periodismo, y tiene razón. El juicio que se le sigue puede sentar precedentes legales y es un atentado contra el principio de libertad de imprenta, por el que han luchado varias generaciones de periodistas. En las llamadas "democracias de libre comercio", la censura más eficaz es la que se ejerce por medio de las demandas legales. En el siglo XXI, en Estados Unidos y Europa nada limita tanto la libertad de un periodista como el saber que puede ser demandado por el contenido de su nota. La misma enseñanza se desprende de nuestra historia.
En el México del siglo XIX, los liberales lucharon durante décadas para consagrar en las leyes y en la práctica el ejercicio de la libertad de expresión. En tiempos de Juárez, la prensa mexicana gozó de una libertad extraordinaria, gracias a la cual los periodistas combatieron la intervención francesa, y en tiempos de la República Restaurada frenaron algunos abusos de los poderosos. Sin embargo, entre 1873 y 1885, bajo los gobiernos de Sebastián Lerdo, Porfirio Díaz (esto es, durante su primer cuatrienio) y Manuel González, los publicistas mexicanos incurrieron en excesos e irresponsabilidades increíbles: hicieron campañas de desprestigio infundadas, llamaron a derrocar a un mandatario legalmente electo, organizaron golpes militares y promovieron la guerra civil. Fue así como la prensa mexicana se desacreditó y desprestigió, al punto que algunos periodistas pidieron que la ley castigara con dureza los delitos de imprenta y, bajo el gobierno de González, se estableció la llamada ley mordaza. En tiempos de Díaz, a través de demandas legales y jueces a modo, la dictadura implantó una censura sumamente eficaz y encarceló periodistas a voluntad.
En México, en el siglo XIX, perdimos el derecho a expresarnos con libertad y a los periodistas mexicanos les tomó más de un siglo recuperarla. El caso de Lydia Cacho nos coloca ante la perspectiva de volver a perder esa libertad. Sólo en el mundo al revés nuestro futuro es el pasado, y el caso de la comunicadora nos acerca a la censura porfirista y priísta, a la vez que nos aleja de una ética periodística racional.
Nadie puede aceptar la práctica de la difamación, pero los periodistas tenemos la obligación de defender el derecho a documentar, a informar, a ejercer nuestra profesión con responsabilidad, a construir una ética informativa. En México la verdad no peca, pero puede ser delito. Los profesionales de la información debemos organizarnos, luchar por el derecho a documentar y difundir hechos ciertos (aunque esto ratifique la deshonra y el descrédito de quien los comete). Por ello debemos organizarnos e impedir la persecución contra Lydia Cacho.
A Lydia Cacho, perseguida por documentar