Lydia Cacho: mensaje ominoso
La flagrante violación a los derechos humanos en contra de la periodista y defensora Lydia Cacho encierra mensajes que agravian a la sociedad entera, pero también a quienes de manera cotidiana hacemos uso de la libertad de expresión a través de las diversas modalidades del trabajo periodístico y editorial. Este caso ameritaría que la Suprema Corte de Justicia interviniera conforme al artículo 97 constitucional. Tal precepto establece que "si lo juzga conveniente o lo solicitan el Ejecutivo federal, o alguna de las cámaras o un gobernador, podrá nombrar alguno o algunos de sus ministros únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual".
No lo "juzgará conveniente", por supuesto; para su Presidente es más importante invertir el presupuesto público en pagar retratos al óleo de sus magistrados, así los quiere hacer trascender y no por sus resoluciones. No lo hará porque la justicia no es asunto que le preocupe, ni para atrás ni para adelante; ya vimos su postura en torno a los crímenes del 68, del 71 y la guerra sucia. Que en una entidad federativa una juez otorgue una orden de aprehensión con bases precarias, la ejecuten como hicieron y dicte luego auto de formal prisión contra una ciudadana que realiza tareas de interés público debería inquietarles, así fuera desde el punto de vista procesal.
Ni qué decir de la pretendida sustancia en torno al delito de difamación que de manera aberrante el Código Penal poblano define: "La difamación consiste en comunicar a una o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho, cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien" (artículo 357). ¿Qué tal el instrumento para fabricar "delincuentes" a la carta y conforme a los intereses económicos y políticos que más pesen?
No puedo detenerme en las particularidades del caso, pero basta recordar que la base de la acusación son las referencias que a Lydia Cacho le hicieron en entrevistas y las incluyó en el libro de su autoría Los demonios del edén: el poder que protege a la pornografía infantil. Estamos ante una violación grave a la libertad de expresión, que como tal garantía constitucional tendría que prevalecer sobre el código poblano, además de aplicarse todos los pactos y convenciones internacionales que conforme a jurisprudencia de la propia Corte colocó por encima de la legislación ordinaria.
Según la doctrina, la libertad de expresión comprende tanto los pensamientos, como las ideas y las opiniones, que reflejan, por supuesto, las creencias y los juicios de valor. El medio por el cual se expresen es subsidiario a esa garantía fundamental.
Qué lejos estamos de la jurisprudencia española, que sobre esta garantía anota sin ambages: "Se trata de una de las libertades de los sujetos particulares que no exige más que una mera actitud de no injerencia por parte de los poderes públicos". Y abunda: "La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática que (...) comprende no sólo las informaciones consideradas inofensivas o indiferentes, o que se acojan favorablemente, sino también aquellas que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población, pues así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática" (STC 62/1982, FJ 5°. Véase también STC 85/1992, FJ 4°).
Otra vez estamos ante la evidencia de que nuestro país no transitará hacia la democracia plena, no sólo la representativa, sin que el Poder Judicial sea reconstituido tanto en sus normas como en sus mecanismos de selección desde jueces hasta los ministros de la Corte, ni qué decir de las procuradurías General de la República y las de los estados.
Este caso puede representar el signo que anticipe tiempos regresivos antes que pasos de consolidación democrática, pues en diversas entidades se está presentando el florecimiento pleno de los cacicazgos regionales, donde los gobernadores ordenan a los tres poderes, ni qué decir del nivel federal. Recuerdo a un legislador local oaxaqueño que decía con orgullo: "el gobernador es el jefe".
De manera lamentable el conjunto de los medios de comunicación no ha cerrado filas en defensa de la libertad de expresión y por ende también de Lydia Cacho; sin embargo, tanto organismos nacionales como internacionales de derechos humanos se han pronunciado exigiendo al Estado mexicano se haga justicia frente al remedo de "justicia" que están aplicando en el estado de Puebla, como hicieron también en la misma entidad frente a la aprehensión del defensor de derechos laborales Martín Barrios, hoy liberado como esperamos que suceda con Lydia Cacho, quien goza de libertad bajo fianza.
Si en diciembre comentábamos el Informe del Centro Pro de Derechos Humanos, que documenta agresiones y amenazas a defensores de derechos humanos, ¿será que entraremos a una fase de persecución y cárcel? ¿Esos son los saldos del llamado gobierno del cambio?