Usted está aquí: martes 17 de enero de 2006 Economía MEXICO SA

MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

La expropiación de ingenios, un rescate de dulces empresarios

Ningún involucrado en oscuros manejos financieros pagó o terminó en la cárcel

DE MAL EN peor, el gobierno del "cambio" de plano no da una. Fanático antiestatista, al comienzo del sexenio se metió en un berenjenal al expropiar 27 ingenios azucareros, los que supuestamente regresaría a manos privadas en un año y medio, "como máximo"; 52 meses después, ya con las maletas en la puerta de salida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina que su proceder fue anticonstitucional y lo obliga a devolver lo que "por causa de utilidad pública, en favor de la nación" incautó a los particulares.

AQUEL 3 DE septiembre de 2001, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, cuatro tristes funcionarios (los secretarios de Hacienda, Agricultura, Economía y Contraloría) explicaron el "sustento" del decreto presidencial, y uno de ellos, Paco Gil, aseguró que los empresarios expropiados "nos saldrán debiendo".

PARECE QUE LES salió al revés. En cuatro años e igual número de meses, nadie supo qué fue de la voluminosa deuda que los ingenios azucareros -los expropiados y los que se mantienen en manos privadas- registraban con distintas entidades públicas: alrededor de 3 mil millones de dólares.

DE ACUERDO CON el más reciente reporte sobre los "patrones en mora" con el IMSS, los ingenios azucareros -otra vez: los expropiados y los que se mantienen en manos privadas- mantienen adeudos multimillonarios con esa institución de seguridad social, o lo que es lo mismo el incumplimiento de los dulces empresarios -sean privados o públicos, que para efectos del "cambio" da lo mismo"- con los trabajadores de la caña se mantiene incólume.

EN EL LOPEZ MATEOS, Gil Díaz aseguraba que "no sólo están involucradas las deudas con Financiera Nacional Azucarera; también hay deudas cuantiosísimas con la Comisión Nacional del Agua, con Hacienda, con el IMSS, en algunos casos con bancos y deudas con tenedores de papel en el extranjero. La cantidad de deuda excede con mucho el valor de los activos de la mayor parte de estos 27 ingenios... Los ingenios no sólo tienen un problema de liquidez, también tienen un problema de solvencia, y en esta circunstancia hubiera sido una enorme irresponsabilidad del gobierno seguir aportando recursos; no se podía responsablemente estar aportándole dinero a este hoyo negro financiero". Y el gobierno lo siguió aportando.

EL INEFABLE JAVIER Usabiaga advertía que la PGR mantiene "líneas de investigación para identificar aquellas operaciones irregulares de las empresas acusadas de propiciar el hoyo negro en la asignación de recursos públicos. La expropiación es un deslinde de las decisiones erróneas del pasado", mientras Paco Gil le hacía segunda: "las indagatorias tienen que ver con las exportaciones que fueron una simulación, porque se proporcionaron documentos falsos relacionados con transportes inexistentes, corrupción de funcionarios de aduanas y de algunas secretarías de Estado. Lo que está en este momento en el trámite jurídico por parte de la PGR involucra a diversos actores, tanto del sector público como del sector privado".

NADA PASO EN 52 meses de administración pública de los ingenios expropiados. Ninguno de los empresarios presuntamente involucrados en manejos oscuros, "ordeñas" y "hoyos negros" (Gil Díaz dixit) financieros terminaron encarcelados; ni siquiera se abrió proceso legal en su contra, y hasta donde se conoce tampoco pagaron lo que le debían (deben) al Estado.

SIN EMBARGO, ESE lunes en Los Pinos Paco Gil insistía: "no existió otra alternativa más que la expropiación. ¿Por qué? La alternativa hubiera sido, nuevamente entregarle a un sector, a este grupo (los propietarios de los 27 ingenios), recursos que como en el pasado se han aprovechado en un porcentaje importante para ser extraídos en beneficio de los adeudos, en lugar de estar apoyando al sector, es decir, han estado ordeñando esos recursos en beneficio personal y no invirtiéndolos en maquinaria, en reconversión, en productividad, en producción... tenemos que hacer un corte y resolver el problema. (Además) los pasivos exceden ampliamente el valor de los activos. Por supuesto que el decreto prevé la indemnización, pero ésta se tiene que hacer sobre bases netas. En los casos en que el valor de los activos exceda el valor de los pasivos, pues habría un pago a los propietarios, en otros casos lo que se va hacer es seguir tratando de cobrar las cantidades que se le adeudan al gobierno".

RESULTA QUE LA Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que de siempre la "única alternativa" fue mantener la propiedad de los ingenios azucareros tal cual estaba hasta la noche del 2 de septiembre de 2001 -en manos privadas-, porque el proceder gubernamental fue inconstitucional, al tiempo que no demostró la insolvencia ni la utilidad pública de la expropiación.

LO MEJOR DEL caso es que el día del anuncio expropiatorio Usabiaga, con esa solidez intelectual que le caracteriza, advertía: "esta decisión se ha venido contemplando desde hace algún tiempo. Sin embargo, el Presidente de la República decidió esperar a que pasara su primer Informe de Gobierno para dar esta noticia, para que no hubiese otro tipo de complicaciones o interpretaciones equivocadas".

CINCUENTA Y DOS meses después las únicas "complicaciones" e "interpretaciones equivocadas" resultaron ser las promovidas y asumidas aquel 3 de septiembre de 2001 por el inquilino de Los Pinos y sus muchachos, de tal suerte que cuatro años después se fortalece la tesis -expuesta en su momento- de que la cacareada expropiación foxista de 27 ingenios azucareros sólo perseguía un fin: encubrir un nuevo rescate de los dulces barones del azúcar, un grupo de empresarios muy ricos que de siempre se niegan a asumir sus pérdidas con recursos propios.

Las rebanadas del pastel:

POR SI FUERA POCO, al inquilino de Los Pinos una vez más se le apagaron las luces de la destartalada marquesina del "cambio": apenas el pasado 14 de diciembre presumía que en 2005 "se generaron 750 mil empleos formales" -cifra avalada por el secretario de Hacienda-, cuando ahora se conoce que en dicho mes alrededor de 174 mil plazas (permanentes, casi 60 por ciento de ellas) se fueron al bote de la basura.

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