Encinas se compromete a llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto
Indigna a padres de víctima la libertad del presunto pederasta
Al juzgado 15 no le importó el daño moral, físico y sicológico que se nos ha causado, afirman
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, recibió ayer a los padres de una de las niñas que acusaron de abuso sexual al líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez.
Durante la reunión, el mandatario se comprometió a ir a fondo en las investigaciones para determinar la culpabilidad del presunto pederasta y llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso penal, para hacer justicia, explicó la señora María Angélica Barajas, luego de expresar su frustración y coraje por la decisión del juzgado 15 en materia penal de liberarlo, sin importar el daño moral, físico y sicológico provocado a su hija y a ellos.
Sin embargo, el ofrecimiento del apoyo necesario y suficiente del gobierno capitalino, en voz de su titular, durante el proceso judicial, "me hace sentir más segura y confiada de que se hará justicia", aun cuando el presunto pederasta abandonó el país y se encuentra de vacaciones en Europa, según confirmó la semana pasada el procurador Bernardo Bátiz.
La administración capitalina determinó fincar responsabilidades contra quien o quienes, se identifique, actuaron de manera indebida en el proceso, mientras se está a la espera de los resultados de la revisión del caso por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para revocar la sentencia de libertad y responda por estos actos, a fin de evitar que, por una supuesta mala integración del expediente, quede en la impunidad, señaló en días recientes el Ejecutivo local.
Consideró que los argumentos sobre presuntos padecimientos de diabetes y disfunción eréctil, admitidos por el juzgado para dejar en libertad al presunto corruptor de menores, son "una burla" para las víctimas y "no lo voy a dejar impune, pues se trata de una persona que ha dañado a niñas y no puede, con la fuerza del dinero, la coerción y las amenazas, quedar al margen de la ley".
La demanda de reabrir el caso contra el también conocido como zar de los contratos de protección no sólo proviene de los padres de las víctimas y las autoridades capitalinas, sino también de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), pues enfrenta acusaciones de abuso sexual de diversas niñas que trabajaban como empacadoras en centros comerciales.
De acuerdo con Laura Hernández, secretaria de Desarrollo del Empleo de la organización obrera, mencionó que existen diversas pruebas de este caso, ya que el seudolíder obligaba a las menores a firmar "contratos apócrifos" en los que se comprometían a tener cierto número de encuentros sexuales a la semana, así como determinado comportamientos para recibir su "sueldo".
No obstante, la posibilidad de reabrir el caso depende del Tribunal Superior de Justicia, cuya resolución se conocerá en los siguientes días o semanas y, entonces, la procuraduría capitalina esté en condiciones de buscarlo, "aún debajo de las piedras", para aprehenderlo y responda ante estos delitos, como afirmó su titular, Bernardo Bátiz.