La decisión, "justicia a medias", expresan ONG
Absuelven de calumnias a la periodista Lydia Cacho
Aún debe afrontar proceso por difamación en Puebla
Puebla, Pue., 17 de enero. La segunda sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) absolvió a la periodista Lydia Cacho Ribeiro de la denuncia que presentó el empresario Kamel Nacif Borge por calumnias, luego de la apelación que presentaron los abogados de la acusada, confirmó la titular del juzgado quinto de lo penal de Puebla, Rosa Celia Pérez González.
Sin embargo, la presidenta del Centro Integral de Apoyo a las Mujeres aún afronta el proceso por difamación, cargo que también le imputa el empresario Nacif Borge, ligado al hotelero Jean Succar Kuri, señalado como líder de una red internacional de pederastas.
La resolución de los magistrados Fernando García Rosas, Juan José
Barrientos Grande y Gerardo Villar Borja fue filtrada el pasado lunes al diario El Heraldo de Puebla. Esta situación generó sospechas, pues Cacho Ribeiro se enteró del fallo del TSJE por medio de un periódico y no por la vía jurídica.
La juez Pérez González rechazó que su resolución del pasado 23 de diciembre, en la que a la autora le dictó auto de formal prisión por difamación contra el empresario textilero conocido como el rey de la mezclilla, haya sido equivocada.
Argumentó que la decisión de la segunda sala en materia penal del TSJE fue producto de la deliberación de "tres personas que tienen un criterio que marca el camino en el asunto".
No obstante, Lydia Cacho reiteró que la titular del juzgado quinto de lo penal de Puebla basó su decisión en criterios dictados por el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y sostuvo que la revocación del auto de formal prisión por calumnias se debió al eficiente trabajo de su defensa, no a una concesión del gobierno.
Las autoridades poblanas, mediante el vocero oficial, Valentín Meneses Rojas, pidieron respeto a la Federación, luego de que la víspera el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Enrique Aranda Pedroza, declaró que el gobierno de Vicente Fox -quien mañana realizará una gira de trabajo por la entidad- reprueba la forma en que Cacho fue detenida.
Critica el gobierno estatal al federal
Además, el Poder Ejecutivo estatal moderó su discurso contra la periodista, pues aunque Meneses Rojas insistió en que el litigio entre la escritora y el empresario es estrictamente particular, aclaró que no ha solicitado a la Secretaría de Gobernación que investigue los presuntos nexos que la defensora de los derechos humanos tiene con el Ejército Popular Revolucionario, como él mismo, la semana pasada, anunció que se haría.
El comentario surgió luego de que se publicó un comunicado de esa organización apoyando a Cacho y al consejero distrital del Instituto Federal Electoral en Tehuacán, Martín Barrios Hernández, quien también estuvo preso, acusado de chantaje por un socio de Kamel Nacif.
Meneses Rojas recalcó que los cuerpos de inteligencia del gobierno estatal están determinando la autenticidad del comunicado de la guerrilla y que mientras no tengan resultados se descarta solicitud alguna.
Agregó: "El señor Aranda Pedroza no es la autoridad competente para juzgar este asunto ni es juez ni presidente del TSJE ni de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, así que no le incumbe ni es de su competencia; hizo un señalamiento infundado y le pedimos que respete la soberanía del estado".
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos consideraron que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, de exonerar del cargo de calumnias a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, "es justicia a medias", porque no se fue al fondo del caso. "Es insuficiente y sigue pendiente su proceso como un juicio a la libertad de expresión", sostuvieron.
Para diputados federales, en tanto, es un acto de justicia que deberá completarse con la disolución definitiva de los señalamientos que pesan contra Cacho, mientras Francisco Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que la exculpación no sólo resulta "significativa" para el desenlace del caso, sino también porque es un reconocimiento de que en su investigación ella "no habló de forma infundada", por lo que no quiso calumniar a terceras personas.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, destacó que se trata de una "justicia a medias", porque esta decisión no modifica sustancialmente el caso de Cacho, aunque hoy tendrá que hacer frente sólo a un delito, si bien en términos prácticos sigue sujeta a proceso penal.
A su vez, Eréndira Cruz Villegas, directora del Cencos, sostuvo que la decisión "es un logro a medias". Agregó: "Se quiere disfrazar un asunto mucho más grave", pues por tratarse de la supuesta honorabilidad de una persona señalada como pederasta se le da mayor peso, que es el caso del empresario poblano Kamel Nacif, el llamado rey de la mezcilla.
David Velasco, director del Centro Pro, dijo que han pesado más las presiones del empresario, incluso más que las del propio mandatario estatal, Mario Marín, pero el caso de Cacho no debe verse separado del de Martín Barrios (activista poblano ya liberado). "Es un patrón muy semejante de presiones de los textileros para inhibir la lucha de varios defensores y, sobre todo, de las mujeres que han padecido malos tratos."
Apoyo desde el Congreso
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Alejandro González Yáñez, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, calificó el proceso de "crónica de una injusticia anunciada contra una periodista, porque puso el dedo en la llaga en uno de los fenómenos más reprobables del mundo burgués moderno: la pederastia".
A su vez, el vocero de la fracción del PRD, Inti Muñoz, ratificó el apoyo de los legisladores de ese partido a Cacho porque, dijo, "estamos convencidos de la inocencia de ella".
Esteinou Madrid, especialista en comunicación, afirmó por su parte que pese a la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, "no existe ningún avance en cuanto a una legislación que regule los límites para hacer del conocimiento público datos que puedan afectar a terceros, por lo que es indispensable el ejercicio de una labor profesional, seria, ética y veraz, que valide lo que se difunda con investigaciones profundas y fuentes fidedignas".
Es evidente, agregó, que en el caso de Cacho se trató de una acción "eminentemente política", orientada a impedir que se conociera el resultado de sus investigaciones, y así anular el derecho a la libertad de expresión e información no sólo de la periodista, sino de la sociedad.