Fallo relacionado con el proceso por homicidio de 22 campesinos en Acapulco
Juez niega amparo al general Acosta Chaparro
Las pretensiones jurídicas del general Mario Arturo Acosta Chaparro de abandonar la prisión a principios de año se vinieron abajo luego de que una juez federal le negó el amparo que solicitó contra el Supremo Tribunal de Justicia Militar (STJM).
El juzgado primero de distrito en materia de amparo, a cargo de Sandra Leticia Robledo Magaña, negó la protección de la justicia federal al militar, implicado en 22 homicidios ocurridos durante la llamada guerra sucia.
Los abogados de Acosta Chaparro pretendían ganar el recurso para que fuera cancelada una determinación del STJM, que el año pasado revocó el fallo de un juez militar que había favorecido al inculpado con un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, dentro del proceso que enfrenta por el asesinato de 22 campesinos.
La resolución de la juez Robledo, emitida la semana pasada como parte del juicio 1525/2005, obligó al general a interponer un recurso de revisión, que será resuelto en definitiva en los próximos meses por el segundo tribunal colegiado del Distrito Federal.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, existen "altas probabilidades" de que Acosta Chaparro obtenga el amparo en el tribunal federal revisor, lo que abriría la puerta para que el militar recupere su libertad, ya que hasta ahora las autoridades castrenses no han vuelto a ejercitar acción penal contra el general por el delito de narcotráfico.
En agosto pasado la justicia castrense recibió un duro golpe, cuando otro tribunal federal (el sexto) concedió un amparo a Acosta Chaparro -juzgado en la misma causa que Francisco Quirós Hermosillo por narcotráfico, con condena de 15 años de prisión-, el cual invalidó la sentencia y ordenó al STJM que repusiera el procedimiento y presentara pruebas "suficientes" para sustentar la sentencia condenatoria contra el militar.
También favoreció a Acosta la decisión del primer tribunal unitario, que en diciembre pasado decretó la libertad de Quirós y su hijo, Ricardo Quirós, por lavado de dinero, ya que las acusaciones que sirvieron de base para que el consejo de guerra determinara en noviembre de 2002 que ambos generales tenían nexos con el narcotráfico se fundamentan en declaraciones de los mismos testigos protegidos -entre ellos el ex capitán Gustavo Tarín Sánchez-, quienes aseguraron que los militares protegían al cártel de Juárez.
Tarín Sánchez es personaje clave en el proceso penal que se sigue a Quirós y Acosta ante la Procuraduría General de Justicia Militar por el homicidio de 22 campesinos durante la guerra sucia, cuyos cuerpos fueron tirados al mar en los llamados vuelos de la muerte, organizados por los generales desde una base aérea cercana a Acapulco, Guerrero, durante los años 70.
Por el momento continuará el proceso contra Acosta Chaparro por su probable responsabilidad en el homicidio de campesinos en Guerrero, asunto en el que aún no hay fecha para que se lleve a cabo el consejo de guerra.