Demanda que se redoble la defensa jurídica frente a empresas de Estados Unidos
El Congreso exige a Fox evitar el pago de sanción por el impuesto a la fructosa
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió al presidente Vicente Fox Quesada un informe del estado que guarda la apelación formulada por el gobierno mexicano al fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que obliga a México a pagar 600 millones de dólares a Estados Unidos por aplicar un "gravamen ilegal" (impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS) a los productos elaborados con fructosa.
El llamado del Congreso de la Unión también redundó en exigirle a Vicente Fox que redoble su defensa jurídica frente a las empresas de Estados Unidos, porque el riesgo de pagar los 600 millones de dólares referidos es tangible. El documento puesto a consideración de los senadores y diputados contiene también la exigencia a la administración foxista para demandar, en contraparte, a Estados Unidos, país que se ha negado reiteradamente a cumplir con el contenido de Tratado de Libre Comercio (TLC) en lo que se refiere al azúcar, ya que las autoridades de aquella nación reiteradamente rechazaron recibir los excedentes azucareros, que estarían obligados a contemplar para su consumo, dentro de los mismos señalamientos del TLC.
Por mayoría, los integrantes del órgano legislativo decidieron solicitar una explicación al Ejecutivo federal mexicano, porque con la sentencia de la OMC se coloca en riesgo la existencia del IEPS, y de la misma agroindustria azucarera.
Con el tema de la caña de azúcar en el centro del debate, las grupos parlamentarios de PRI y PRD, en mancuerna, denunciaron que la expropiación de los ingenios azucareros costó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) miles de millones de pesos para saneamiento y modernización de dichos conglomerados empresariales.
En la sesión celebrada ayer en el palacio legislativo de San Lázaro, diputados y senadores decidieron citar a comparecer -con fecha por definir- al secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, para que informe de la situación administrativa y financiera de los ingenios que el gobierno foxista habrá de reintegrar a sus propietarios originales.
Durante la comparecencia de Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa, éste deberá rendir un informe evaluatorio de lo actuado por el gobierno federal en el periodo que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados.
Sobre el costo que los ingenios han representado al erario, la bancada del PRD advirtió que la decisión de la Suprema Corte tiene implicaciones muy graves, porque privilegia el interés privado sobre el público y continúa beneficiando a los industriales de la agroindustria de la caña, "los cuales constituyen un barril sin fondo".
A decir de los integrantes del partido del sol azteca, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia determine la obligatoriedad de la audiencia previa en caso de expropiación, demuestra "con claridad el carácter metaconstitucional" que se le quiere dar al TLC para defender sobre todo la propiedad privada y los intereses de los inversionistas extranjeros.
"La justicia está defendiendo a empresarios que en 1988 compraron los ingenios administrados por la paraestatal Azúcar SA, a los que previamente los contribuyentes pagamos enormes pasivos, porque ninguna empresa se animaría a comprar fábricas endeudadas. La ciudadanía también costeó las liquidaciones, el excesivo personal que tenía la mayoría de los ingenios, pues el gobierno hizo frente a los problemas políticos que ocasionaron esos despidos."