Difícil, acceder al financiamiento, advierten legisladores
Resolución sobre los ingenios generaría tropezón financiero
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que decretó la ilegalidad de la expropiación de los ingenios azucareros, "prendieron focos rojos" en la agroindustria de la caña de azúcar en el país, el sector donde el gobierno del presidente Vicente Fox destino en los pasados cuatro años 3 mil millones de pesos para mantener en operación las empresas expropiadas, y ahora, coinciden legisladores y líderes campesinos, tiene que "revertirlos", con un alto costo al erario.
"Las resoluciones de la SCJN en contra de la expropiación que realizó el gobierno federal plantean un escenario de incertidumbre para el sector azucarero", coincidieron el diputado Carlos Blackaller Ayala y el senador José Antonio Aguilar Bodegas, miembros de las comisiones de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y de Desarrollo Rural del Senado de la República.
Blackaller Ayala, también dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), dijo que con estas resoluciones en contra de la expropiación los agentes financieros que concurren en el sector cañero "se ponen nerviosos, elevan requisitos para obtener financiamientos", y alertó que la agroindustria de la caña de azúcar podría sufrir "un tropezón financiero".
El dirigente cañero recordó que en 2000 se empezó a vivir un deterioro financiero en los ingenios azucareros. En ese año se le planteó al equipo de transición del presidente Fox que se avizoraba una crisis, pero "nunca fue atendida y el cuete le tronó en las manos".
El legislador asegura que el gobierno foxista decidió "en secreto" solucionar el problema expropiando 27 ingenios, solución que hoy, agrega, queda de manifiesto que, desde el punto de vista jurídico, no fue la correcta.
Por su parte, el senador José Antonio Aguilar Bodegas recordó que en varias ocasiones ambas cámaras se opusieron a la expropiación de los ingenios azucareros. "Resulta ahora que la solución que se había encontrado para aliviar la crisis de la agroindustria concluyó en un fiasco jurídico y administrativo de consecuencias inmensurables", apuntó.
El senador criticó la política nacional azucarera del gobierno del presidente Fox, pues afirmó que no ha servido para dar ordenamiento y transparencia del mercado, pero sobre todo, subrayó, ha faltado pericia jurídica y sensibilidad para solucionar los múltiples problemas laborales, productivos, competitivos y sociales del sector.
Las directivas de la Central Independientes de Obreros Agrícolas y Campesinas, la Central Campesina Cardenista y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas exigieron también que se realicen auditorías para conocer si existió por parte del gobierno federal un manejo transparente de los recursos asignados en los cuatro años.