DAMNIFICADOS ECONOMICOS

El 8 de diciembre pasado, el Senado de la República aprobó por mayoría una enmienda legal que busca resarcir una parte de los daños causados a miles de familias por la crisis de 1995. La reforma está ahora en San Lázaro, donde en los últimos días ha sido tema de discusión. Aparentemente todos los partidos quieren dar el sí. El gobierno federal, por su parte, no ha hecho un pronunciamiento público sobre lo que piensa del asunto.

Se trata de una reforma a las leyes del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). El primero tiene bajo su custodia activos físicos que fueron propiedad de bancos privados y de desarrollo antes de la crisis de hace una década. El segundo mantiene en su poder, aunque en algunos casos la ha dado en administración a instancias privadas, una parte todavía significativa de la cartera de crédito de las instituciones financieras rescatadas.

De sortear el último obstáculo, la enmienda legal permitiría que miles de familias puedan "comprar" su deuda y, sobre todo, liberar de cualquier litigio el departamento o casa que adquirieron con un crédito hipotecario antes de la devaluación de diciembre de 1994.

Según se establece en la iniciativa aprobada por los senadores, la cartera de crédito tendría que ser pagada por el deudor en un monto equivalente a 70 por ciento del valor original del préstamo, sin importar cuánto hubiera avanzado en pagar el pasivo al momento de declararse en mora. ¿Es mucho o poco? Según se vea.

El IPAB ha realizado 17 subastas de cartera de crédito en los últimos años. El valor de recuperación no supera los 12 centavos por cada peso ofrecido, en promedio. Pero como el promedio puede ser engañoso, los montos máximos de recuperación rondan los 30 centavos.

Los principales beneficiarios de las licitaciones realizadas por el IPAB han sido empresas extranjeras de recuperación de carteras. Y también han participado algunas firmas nacionales, varias de ellas relacionadas con los propios bancos rescatados. Si no una ilegalidad, si hay en esto algo de inmoralidad: los bancos fueron rescatados, es decir, saneados con recursos públicos de los créditos en mora que afectaban su situación financiera. Y el saneamiento fue parejo, o sea que benefició a los deudores más grandes, como se reconoció en septiembre pasado en un informe del Banco Mundial. Y, una vez saneados, reciben a precio de ganga la cartera vencida para que la cobren y se lleven una buena comisión.

Así que tiene sentido la propuesta ya aprobada por los senadores. La reforma plantea que sólo podrán acogerse personas que hayan recibido un préstamo de hasta un millón de pesos. Esto cierra la puerta a los grandes deudores. Y plantea que el valor de recuperación de esa cartera para el IPAB o el SAE sería de 70 por ciento, mucho más que el 12 por ciento recuperado hasta ahora.

Es claro que el IPAB ha sido fuente de un buen negocio para las empresas que adquieren cartera o bienes para luego realizarlos. Es obvio que la tasa de ganancia es tan atractiva que las subastas se han efectuado. No se señala que en esto haya irregularidad o ilegalidad alguna. Instancias encargadas por la ley de revisar los procesos, como la misma Auditoría Superior de la Federación, tendrán la última palabra.

Lo que se señala es que existe una ley que ya pasó el primer filtro del Congreso que puede tener un alto impacto social. Es al final de cuentas una razón válida para apoyar esa ley: que el negocio deje de ser de unos cuantos y que la misma mecánica de vender activos a precio castigado sea trasladada a los deudores que están en litigio.

Si los diputados aprobaron en siete minutos una ley que garantiza a Televisa y Televisión Azteca el control monopólico de la radio y televisión, es que saben hacer las cosas rápido, cuando quieren. ¿A qué esperar más con esta reforma, ya avalada en el Senado, que puede beneficiar a miles de familias?  §