El muro de la violencia
Cada año 400 mil mexicanos emigran a Estados Unidos. No los ha detenido el muro de la frontera, la alta tecnología militar ni el desierto. Ahora quieren convertir a los indocumentados en delincuentes. Quieren que no sólo los detenga la patrulla fronteriza, sino cualquier policía.
Aunque esa propuesta de ley, aprobada por la Cámara de Representantes seguramente no pasará en el Senado estadunidense, le toma el pulso a una parte considerable del mundo político de aquel país. Sectores importantes de allá son capaces, en aras de la seguridad, de ponerla seriamente en riesgo, porque endurecer la frontera generará, no es un misterio decirlo, más violencia. ¿Se imagina la presión que habría en estados como Texas, California o Illinois? En esos lugares cualquier policía podría detener a un presunto delincuente por el simple color de su piel. Pero en esa búsqueda se encontrarían con cientos, miles de residentes y ciudadanos con todos sus documentos en orden, sospechosos por sus rasgos étnicos. Y eso no lo permitirían así porque sí en el país de las demandas.
¿Y qué ocurriría en México? ¿Los braseros dejarán de ir a la frontera para intentar pasar? ¿Las mafias de polleros dejarían de lado su negocio? Si lo que busca el presidente Bush es más seguridad, endureciendo la frontera, lograría lo contrario, porque la frontera es responsabilidad de dos países y no de uno solo. Además, un aliado débil, incapaz de controlar su frontera mínimamente podría convertirse en un peligro mayor.
Una reforma migratoria integral es lo más urgente para ambos países, pero si ni uno ni otro tienen consensos sobre qué hacer o qué es lo más conveniente, cualquier medida unilateral será antesala del fracaso. Y el fracaso en este asunto es sinónimo de violencia.
¿No hay nada qué hacer? Ante un problema de tal magnitud convendría tratar de solucionarlo con estudiosos de los flujos migratorios que, por fortuna, existen en México y en Estados Unidos.
Hace unos días, dos especialistas en las relaciones México-Estados Unidos me explicaban que lo más conveniente en el caso mexicano era crear una ''Comisión sobre Asuntos Migratorios''. Jorge Santibáñez y Rafael Fernández de Castro me decían que sólo de esa manera se podría garantizar una política de Estado coherente en asuntos migratorios. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Tecnológico Atónomo de México cuentan con académicos de primer nivel que podrían ayudar a nuestros políticos a trabajar por buen rumbo.
Ellos, además, mantienen un intercambio constante con sus pares en Estados Unidos que podría ayudar a sensibilizar a la sociedad política de aquel país. Ellos podrían alertarnos sobre los peligros que conllevarían tales o cuales políticas, e inclusive podrían contribuir a sentar las bases para un acuerdo migratorio benéfico para ambos países.
Sería estupendo que nuestro gobierno creara tal comisión para blindarnos en un terreno tan sensible como el migratorio. Así estaríamos a salvo de vaivenes políticos y de declaraciones desinformadas que en nada ayudan. El control de la frontera está más allá de la frontera y una comisión de ese tipo nos ayudaría a entender qué nos estamos jugando.