Editorial
El narco y la ausencia del Estado
En la capital de la República, en Acapulco y en la frontera entre Texas y Chihuahua las organizaciones dedicadas al narcotráfico han dejado en horas y días recientes testimonios indiscutibles de su poder: el lunes pasado se registró, en las márgenes del río Bravo, un enfrentamiento armado entre una treintena de policías texanos e individuos no identificados que "usaban vestimenta y equipos de transporte de tipo militar" (Humvee), según la versión de una vocera de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del país vecino; en el que sigue siendo el destino turístico más famoso del país, seis personas fueron asesinadas y una resultó herida en los pasados cuatro días, en choques y ajusticiamientos relacionados con el narcomenudeo, y en las primeras horas de ayer, en la ciudad de México, dos integrantes de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes) murieron cuando el vehículo en que viajaban una pick up civil sin placas fue agredido por presuntos sicarios de la mafia de las drogas.
Estas muestras de la presencia del narco son, al mismo tiempo, manifestaciones de la impotencia y hasta de la ausencia de las instituciones públicas encargadas de combatir la delincuencia en general y el trasiego de drogas en particular. Después de los cacareados y espectaculares operativos emprendidos por las fuerzas policiales y militares en diversos puntos del territorio nacional, los cárteles ponen de manifiesto su poder de fuego y sus capacidades operativas y para desafiar a las autoridades, así como su aptitud para expandirse hacia nuevas áreas, como las costas de Michoacán y Guerrero Lázaro Cárdenas y Acapulco se han convertido ya en enclaves de las mafias de la droga, y barrios lujosos del Distrito Federal, como Santa Fe y Bosques de Las Lomas.
El gobierno foxista, por su parte, no sólo ratifica su exasperante incapacidad para someter a la delincuencia organizada, sino que, ante hechos como los referidos, se refugia en el silencio. La Procuraduría General de la República (PGR), ente responsable de investigar las muertes de los militares, fue incapaz todo el día de ayer de brindar a la opinión pública una versión coherente de la muerte de los militares. El procurador Daniel Cabeza de Vaca justificó su negativa a formular declaraciones con el peregrino argumento de que en esas horas había tres sospechosos rindiendo las suyas ante el Ministerio Público. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno persistía en la inexistencia y dejaba el campo abierto a la proliferación de dudas y sospechas ante los aspectos turbios de los sucesos en Santa Fe: ¿Estuvo relacionado el enfrentamiento con los cateos realizados en una residencia ubicada en Paseo de Laureles? ¿Qué hacían efectivos de cuerpos de elite del Ejército en camionetas civiles? ¿Por qué se involucró la institución armada en un operativo que pudo haber sido realizado por la institución legalmente encargada de combatir el narcotráfico, que es la Agencia Federal de Investigación? Este silencio inadmisible obliga a recordar la actitud opaca e incoherente del gobierno federal ante la muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, y otras ocho personas en septiembre del año pasado, cuando se desplomó el helicóptero en que se dirigían hacia el penal de "máxima seguridad" de La Palma.
Y cuando el gobierno se digna a dar explicaciones, éstas, con frecuencia, no despejan, sino multiplican las dudas. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que militares mexicanos hubieran cruzado la frontera, y apuntó a la posibilidad de que grupos del crimen organizado hubiesen empleado vestimenta y vehículos militares o de cuerpos de seguridad. Ello podría ser cierto por lo que hace a los uniformes, pero es obligado preguntar la forma en que la delincuencia se abastece de transportes Humvee provistos de armamento de alto calibre. ¿En Estados Unidos? ¿En México? ¿Qué ocurrió realmente el lunes pasado en el condado de Hudspeth, Texas?
¿Dónde están las autoridades?