Esos registros para deducir impuestos por gasolina pueden usarse para fines no fiscales
Viola Hacienda el secreto bancario al exigir estados de cuenta
Medidas como la firma electrónica avanzada ponen a contribuyentes en situación similar a la de delincuentes; existen indicios de ''terrorismo fiscal'', advierte Mario Di Costanzo
Las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el pago de gasolina por medios electrónicos para deducir impuestos violan el secreto bancario de manera subrepticia. Se suman a otras como la firma electrónica avanzada (FEA), que coloca al contribuyente en una situación similar a la de los delincuentes, afirmó el consultor financiero Mario Di Costanzo, y consideró que existen indicios de ''terrorismo fiscal''.
Los gasolineros organizados del país, encabezados por José Angel García, indicaron que aceptarán los estados de cuenta de las tarjetas de crédito como factura, pero analizarán la situación del secreto bancario para plantearla a la Secretaría de Hacienda.
Informaron en conferencia de prensa que no cobrarán la comisión a los consumidores, pero expresaron su inconformidad, y anunciaron que pedirán a las autoridades hacendarias que les den un margen de por lo menos 10 por ciento, porque el 6 por ciento anunciado ayer es insuficiente para mantener un grado optimo de operación.
La información de Hacienda y el SAT ha sido deficiente, al grado de que el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Prieto Treviño, reconoció que desconoce los detalles de las dos medidas. Lo que importa es que haya mayor recaudación y si hay que sacar la FEA, ''lo tendré que hacer'', porque lo importante es que el gobierno federal tenga mayores recursos, dijo.
Di Costanzo indicó que el artículo 17 D del Código Fiscal de la Federación establece que la información que dan los contribuyentes, sumada a su filiación con huellas dactilares y fotografía, se toma como si fuera parte del Registro Nacional de Población. Esto implica que la Secretaría de Hacienda puede utilizar estos datos con fines no fiscales, así que hay indicios para esperar terrorismo fiscal.
Los funcionarios públicos, agregó, pueden utilizar la información para fines no fiscales, porque la legislación en la materia es ambigua. Entonces, sin recurrir a las instituciones bancarias que defienden el secreto bancario, la autoridad federal puede acceder a todos los datos de los contribuyentes. Eso representa una clara violación al secreto bancario.
Manifestó que las medidas transitorias anunciadas por las autoridades hacendarias reflejan el fracaso del SAT para recaudar, y eso se prueba con que al cierre de diciembre de 2005, el Servicio tenía 132 mil millones de pesos en créditos fiscales con carácter de irrecuperables.
Además, de enero a septiembre del año pasado, precisó Di Costanzo, el SAT había perdido 14 mil 948 juicios de 38 mil 757 que se presentaron en ese periodo. Ahora, con las medidas mencionadas, busca tener todo el mecanismo para emprender lo que podría denominarse ''terrorismo fiscal''.
En el caso de los estados de cuenta de tarjetas de crédito que recibirán las autoridades fiscales como factura para deducir impuestos, Di Costanzo precisó que no es tan simple, porque los usuarios tendrán que pagar comisiones por todo lo que se cobra por el plástico, además de que la Secretaría de Hacienda se enterará de todos los movimientos que hace el usuario, que incluye actividades personales. Eso es una violación al secreto bancario, subrayó.
A su vez, los gasolineros, encabezados por su dirigente, precisaron que absorberán los costos por pagar con dinero de plástico, en lo que pasa lo que el gobierno federal llama un periodo ''transitorio'', pero destacaron que el margen de ganancia que ofrece Pemex es insuficiente para los gastos que tienen, que incluyen nuevos dispensarios.
García, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), precisó que la instalación de terminales de punto de venta no es responsabilidad de los gasolineros. Es de los bancos, que serán los beneficiados de la comisión que se tenga que pagar por el uso de los medios electrónicos que defina el SAT, concluyó.