Un comienzo contradictorio
En Metlatónoc, al comenzar su campaña, López Obrador envió dos mensajes diferentes. El obvio: en el lugar más pobre del país se buscó mostrar que, en efecto, por el bien de todos, primero los pobres. El otro fue para los mercados: se comprometió a respetar los equilibrios macroeconómicos. El primer mensaje estableció compromisos concretos con los habitantes de La Montaña para mejorar sus condiciones de vida. El otro mensaje no fue entendido por quienes le oían en vivo. Fue evidente que no les hablaba a ellos.
Ir a un lugar con niveles de pobreza apabullantes a decir que no habrá déficit fiscal, que se respetará la autonomía del banco central, que se pagará la deuda pública y se mantendrá bajo control el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, es algo que a ese auditorio no le importa.
Evidentemente ello no escapa a López Obrador. Decidió arrancar con ese planteo, que ya había sido hecho en los 50 compromisos desde hace tiempo, por una consideración estratégica: se busca reducir los puntos de fricción con los grandes grupos económicos, entre los que se cuenta a los poderes imperiales, a los organismos financieros internacionales y a sus representantes nacionales. Este propósito no es falaz. Por el contrario, expresa un punto de vista que consistentemente ha planteado López Obrador: es posible cumplirle a la gente, crear empleos y bienestar, al tiempo que se respetan los equilibrios fundamentales establecidos por el consenso de Washington.
Este planteo no sólo lo ha hecho López Obrador. Lo ha sostenido y llevado a la práctica el gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil, con Lula Da Silva a la cabeza. Igualmente lo sostiene en los hechos el gobierno de Tabaré Vázquez. De modo que es una idea ampliamente difundida que proviene de una conceptualización limitada, que entiende que el neoliberalismo se cambia redistribuyendo el ingreso, repartiendo equitativamente los beneficios, modernizando pero desde abajo. Por supuesto ello exige crecimiento económico.
Ese crecimiento, además de ser alto y sostenido, debe tener características definidas para que verdaderamente sea posible corregir una distribución tan inequitativa como la nuestra. Con crecer no se resuelve la concentración del producto y del ingreso. Lograr progreso con justicia requerirá un fuerte incremento de la inversión que rebasa, con mucho, lo que puede crecer la inversión pública que, según la información proveniente del equipo económico de López Obrador, será de dos puntos del PIB. Eso es útil, pero evidentemente insuficiente.
El asunto central, en consecuencia, se remite a los incentivos para estimular una dinámica de inversión privada que deberá incrementarse alrededor de 400 mil millones de pesos el primer año y luego mantenerse en un poco más de 2 billones. Ello permitiría, efectivamente, crear empleos que, para repartir equitativamente los beneficios, tendrían que ser adecuadamente remunerados.
Mayor inversión privada se consigue si las expectativas de rendimiento son adecuadas. Para ello se necesita crédito. Pero no sólo que los bancos estén dispuestos a prestarle a las actividades económicas, sino que la tasa de interés sea congruente con los rendimientos. Consecuentemente, se requiere controlar los movimientos de las tasas que cobran los bancos. Ello obliga a alinear la política monetaria con las necesidades del crecimiento.
Así las cosas, es indispensable explicitar la orientación de la política económica. Hay que precisar que esa política no se limitará, como hasta ahora, a lograr equilibrio fiscal, sino deberá promover la inversión productiva y garantizarle un financiamiento competitivo como el que reciben las empresas en los países con los que comerciamos.
Junto con el financiamiento de la inversión privada está el financiamiento público. Por supuesto que la austeridad juarista que se implantaría generaría recursos para la inversión pública. Sin embargo, seguirán siendo necesarias acciones para incrementar la captación tributaria, mejorando su administración, pero también eliminando regímenes especiales que no se justifican.
Además, el gasto social tiene que dirigirse precisamente a los sectores pobres. Se trata de que lo social esté en el centro de la política económica. Todo esto tiene que plantearse. Estos equilibrios también son fundamentales. Pero ello habrá que hacerlo donde corresponda, y no aprovechando un auditorio que exige otro discurso y otros compromisos.