Algunos países se resisten a adoptarla, informa a senadores relator de la ONU
"Cercana", declaración sobre derechos indígenas
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, se reunió ayer con senadores de la República, a quienes informó que "al parecer ya hay convenios para una declaración sobre los derechos de las comunidades indígenas", aunque precisó que todavía no se alcanza un "acuerdo total".
Según Stavenhagen, la declaración incluye la aceptación de los indígenas como sujetos de derecho en sus países y a escala internacional; el reconocimiento a sus tierras y territorios, al derecho de controlar sus recursos naturales y, sobre todo, la aceptación de su libre determinación, sin la cual el resto de las garantías no se puede hacer efectivo.
A la reunión con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado también asistió Marcos Matías, ex director del Instituto Nacional Indigenista e integrante del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU. El relator detalló que aunque la declaración no es vinculatoria, sí plantea aspiraciones, principios y objetivos, por lo que algunos países no han querido adoptarla. "En los meses recientes ha habido flexibilización, gracias al gobierno de México, y somos optimistas de que pronto haya consenso en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU".
Sin embargo, Stavenhagen manifestó preocupación de que el proceso quede inconcluso o no tenga el suficiente empuje debido a las elecciones del próximo 2 de julio, por lo que consideró que, independientemente de la fuerza política que esté al frente del país, es necesario impulsar este proceso.
Refirió que México firma y ratifica convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero el problema es que no ajusta con suficiente rapidez sus leyes.
Asimismo, detalló ante senadores que como relator recibe quejas de comunidades indígenas de varios países, y en el caso de México dijo que platicó con campesinos de Guerrero opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota. "Son constantes las denuncias de que cuando se expropian tierras para caminos, presas o centros turísticos no se respeta a las comunidades, y por eso recurren a tribunales nacionales e internacionales", advirtió el relator de la ONU.