El subsecretario de Gobernación exigió enriquecer la reforma a la ley de radio y tv
El Estado cuida su relación con Televisa, pero no hay sumisión: Enrique Aranda
Emisoras comunitarias demandan ser incluidas en las modificaciones legislativas
La Secretaría de Gobernación (SG) solicitó al Senado de la República un debate amplio con el objetivo de enriquecer la reforma a la Ley de Radio y Televisión, en especial lo relativo a las licitaciones y la función de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
"No basta considerar sólo la variable económica, sino los contenidos y proyectos" (de aquellos que pretendan hacer uso de las concesiones), señaló Enrique Aranda Pedroza, subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación.
El subsecretario Aranda aseveró que si bien Gobernación cuida la relación con Televisa, no existe complicidad ni sumisión ante esa empresa. "¡Por el amor de Dios, el Estado mexicano está en su lugar por más poderosos que sean los medios!", expresó.
Señaló que pese a los comentarios de diversos legisladores y especialistas en torno a la presunta sumisión del Estado en caso de ratificarse la minuta de San Lázaro, el Estado mexicano preserva sus facultades en la vigilancia del uso de las concesiones. Por ello, insistió, es necesario mejorar la reforma en beneficio de la sociedad.
Aunque en Bucareli se toman las previsiones ante cualquier resolución sobre la minuta, comentó que la decisión está en la Cámara de Senadores, en la que se requiere un debate "un poquito más amplio, más de fondo de lo que se ha hecho hasta ahora".
En principio -precisó- revisar los elementos de la ley que puedan ser enriquecidos o corregidos, como la integración de la Cofetel, con el objetivo de que haya mayor certidumbre sobre la forma en que son seleccionados los consejeros.
Respecto al proceso de licitaciones, agregó, en Gobernación creemos que no basta considerar la variable económica sino el desarrollo, a futuro, de concesiones con calidad.
"Hay áreas en las que estamos acercando una opinión orientada. Insisto, primero (para) corregir algunas cosas que consideramos excesivas o insuficientes y también, por otro lado, hay algunos aspectos de la ley en los que podría ser enriquecida", señaló en entrevista.
Sobre el supuesto repliegue o "complicidad" de Gobernación en favor de los negocios de Televisa (como lo ha planteado la organización social Di no a los casinos, en torno a la autorización de permisos para centros de juego y apuestas), Aranda contestó:
"No creo que haya un apoyo a Televisa, en absoluto, no. La mejor evidencia es que están suspendidos los permisos... Creo que se está cuidando una relación (con Televisa), pero no hay sumisión. Pongamos al Estado en su lugar. El Estado mexicano es el Estado mexicano".
Urgen adiciones a la propuesta
En tanto, Eduardo Garzón Valdez, director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que los senadores deben realizar las adiciones necesarias a las reformas de la ley respectiva para integrar las opiniones que se han emitido sobre el tema.
Aceptó que existe rechazo de algunos actores políticos y representantes de medios radiofónicos a las reformas que realizaron diputados a la mencionada ley.
Garzón Valdez, quien encabezó en Querétaro el primer foro ético mundial sobre comunicación social y entretenimiento, indicó que los senadores tendrán que realizar las "adiciones" a las mencionadas reformas, pues existe un "reclamo de todo el sector, de toda la industria, de diferentes medios".
"Creo que los senadores van a retomar todas estas opiniones y harán las modificaciones que sean convenientes para obtener una ley que integre las opiniones y el sentir de todos", expresó.
En Veracruz, la Asociación de Comunicadores Populares, que opera Radio Teocelo, pidió también a los senadores surgidos de esta entidad que se pronuncien contra los cambios propuestos a la Ley Federal de Radio y Televisión y apoyen la iniciativa ciudadana para incorporar a las radios comunitarias en la nueva legislación.
Elfego Riveros, Oscar León Esquivel y Mario Hernández Ruiz, integrantes de dicha asociación, manifestaron que la iniciativa impone una visión mercantilista, que privilegia a los monopolios de la comunicación electrónica en México y excluye a grupos de la sociedad civil para operar medios comunitarios con sentido social.