Concluye el sexenio sin un México limpio
Una de las campañas más comentadas de la administración federal, que concluye en diez meses, fue la de lograr un México limpio. Las autoridades reconocían al inicio del sexenio del señor Fox que la basura proveniente de los asentamientos humanos, así como la tóxica y peligrosa de la industria, no se depositaba en sitios con las características necesarias para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente en general. Lo común es que la basura de los municipios vaya a dar a tiraderos a cielo abierto, o a los llamados "rellenos sanitarios" que adolecen de serias fallas técnicas por lo que contaminan suelos, acuíferos y el aire y son focos infecciosos. Otra parte de esa basura va a parar a cañadas, baldíos y cuencas hidrográficas causando contaminación y el azolve del cauce natural de ríos y arroyos.
En cuanto a los desechos industriales, el país carece de suficientes sitios para depositarlos con la seguridad requerida. El único confinamiento que existe, en Mina, Nuevo León, se encuentra sobresaturado. Son frecuentes las denuncias ciudadanas contra la industria por la forma irregular de manejar sus desechos peligrosos. Y aunque sobre ambos tipos de basura existe un andamiaje legal para garantizar su tratamiento adecuado, que data de finales del siglo pasado, ni las autoridades ambientales ni las municipales o la industria lo observan en la mayoría de los casos.
Una prueba. De acuerdo con la Norma Oficial 083, a más tardar a fines de 2004 los municipios del país debieron presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los planes para cumplir con las especificaciones que deben observarse en cuanto a la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Se trata de que los sitios elegidos para tal fin cumplan con normas claras en cuanto a diseño, seguridad, operación y cierre al llegar a su saturación. Sin embargo, la inmensa mayoría de los municipios no cumplió satisfactoriamente con lo que ordenaba la citada norma. Apenas Monterrey y dos docenas más de zonas urbanas pueden presumir de cumplir con la parte básica de lo que ordena la legislación sobre la materia.
Y si fallan los municipios en cuanto al correcto manejo de su basura, las cosas no son para nada alentadoras en la industria. Aquí, el ejemplo más claro de incumplimiento es el de una empresa que debía ser líder de buen comportamiento ambiental: Petróleos Mexicanos, que es, en cambio, la más contaminante del país. Para no acatar lo que dispone la legislación sobre la Prevención y Gestión Integral de Residuos vigente desde octubre de 2003, el año pasado interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación alegando el elevado costo que le significaría hacerlo: más de mil millones de dólares. Entre esos residuos figuran los lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de petróleo y otros residuos igualmente peligrosos. La empresa que, nos dicen con frecuencia, pertenece a todos los mexicanos, no tenía dinero para resolver el problema que originan dichos residuos, pero sí para apoyar las campañas del partido que pretende regresar al poder con el señor Madrazo a la cabeza. O para cobijar una de las camarillas sindicales más corruptas de que se tenga memoria.
Otro ejemplo lo brinda la Comisión Federal de Electricidad, señalada por la población como foco de contaminación en las regiones donde operan sus plantas, lo mismo en Guerrero que en Baja California.
Tampoco ha sido transparente en el manejo de transformadores que contienen sustancias altamente peligrosas, como los policlorobifenilos, mejor conocidos como askareles. A los dos casos de mal resguardo de tales compuestos orgánicos ocurridos en años anteriores en Veracruz, se sumó recientemente el lamentable equívoco en que cayeron las instancias oficiales sobre el destino final de 270 transformadores provenientes de Sonora (estaban en el clausurado confinamiento de Las Víboras, cerca de Hermosillo), que finalmente aparecieron en Salamanca, Guanajuato. De allí serán enviados a Francia para su destrucción.
Se acaba el sexenio y deja sin resolver el problema de la basura municipal e industrial. Culpa del populismo, seguramente.